La Airef alertó de que peligra la sostenibilidad de las cuentas públicas con la reforma de las pensiones

Pedro Sánchez acaba de impulsar su ley de reforma de las pensiones. Una norma que deja el sistema sin factor de sostenibilidad, cuando menos, hasta 2027 y que liga el alza de las pensiones al IPC. La Airef emitió su alerta preventiva sobre esta reforma en el informe del Observatorio de Deuda de mayo. Y el organismo independiente de fiscalización de las finanzas del Estado alertó precisamente “del incremento estructural del gasto en pensiones”, justo lo que provocan los dos factores mencionados. Y su conclusión era muy pesimista: la actualización de las pensiones con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad hasta 2050 incrementaría el nivel de deuda pública hasta niveles del 165% del PIB. Un nivel totalmente letal para cualquier país.

El informe de la Airef destaca que el “aumento proyectado del gasto en pensiones es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo”.

El texto añade que “el incremento estructural del gasto en pensiones, si no es compensado con ingresos adicionales, conllevará un aumento significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente elevados”. La reforma de Sánchez no incluye ingresos adicionales para la economía española. Tan sólo traslada ingresos por impuestos del Estado al capítulo de la Seguridad Social, sin generar fuentes adicionales de ingresos, sino, simplemente, trasladando de uno a otro lado ingresos del Estado.

La Airef añade que “en el escenario base de evolución del gasto en pensiones sobre el PIB de la Airef, la ratio de deuda pública alcanzaría el 165% del PIB en 2050 (un incremento de alrededor de 50 puntos porcentuales sobre la agenda prevista”. Una auténtica locura difícilmente justificable en un escenario de sostenibilidad fiscal.

Los técnicos de Airef explicaron, además, que “si se añadiese la eliminación del factor de sostenibilidad, la deuda aumentaría 10 puntos porcentuales adicionales en 2050, alcanzando el 175%”. El ahorro sin esas dos medidas -eliminación del factor de sosteniblidad y actualización de las pensiones con el IPC- sería notable: de casi 40 puntos porcentuales en 2050.

Actualización con el IPC

El Gobierno, sin embargo, ha impulsado una ley de reforma de las pensiones que, no sólo incluye la actualización con el IPC de las jubilaciones, sino que, además, elimina, al menos hasta 2027, el factor de sostenibilidad de las prestaciones por jubilación.

Ese factor es el coeficiente que rebaja las pensiones dependiendo de la esperanza de vida para evitar que la caja se agote y los futuros jubilados se queden sin pensión. Y el anteproyecto del Gobierno implica la eliminación de este factor de corrección del pago de las pensiones en el escenario actual. Sólo a partir de 2027 entraría en vigor otro sistema de control y todo ello, siempre que se cierre un acuerdo para ello.

La solución no parece destinada a paliar el brutal agujero de las pensiones. Pero sí permitirá a Sánchez esquivar el gran ajuste fiscal en un colectivo -el de los jubilados- especialmente decisivo en cualquier proceso electoral.
El redactado literal destaca lo siguiente con respecto al factor de sostenibilidad: “En sustitución del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”. Ni siquiera aparece definido en la reforma legal que acaba de presentar el Gobierno.

Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros. Es decir, con un déficit oficial de 19.839 millones. Pero ni siquiera esa cifra es descriptiva de la realidad del sistema de pensiones. En 2020, el Gobierno duplicó las transferencias a la Seguridad Social para cubrir el agujero financiero: pasó de los 15.687 millones en transferencias estatales de 2019 a 30.364 en 2020. Lo que implica que el agujero real de las pensiones cabalga a cifras cercanas a los 50.000 millones de euros anuales.

Pese a ello, y al compromiso de control firmado entre Sánchez y Bruselas, el Gobierno acude a la última jornada de negociación de la reforma de las pensiones con la propuesta de borrar el factor de sostenibilidad e implantar un “mecanismo de equidad intergeneracional” que sólo estaría operativo a partir de 2027 y siempre que, efectivamente, se acabe regulando.

Resultado: el recorte en pensiones para el siguiente Gobierno.
Hay que recordar que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron a bombo y platillo en fase electoral su compromiso de eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ese mecanismo fue creado -y paralizado- por el Gobierno de Mariano Rajoy para ajustar la pensión a los años de esperanza de vida. Al ser creciente esa esperanza, el resultado final es un recorte de la cuantía mensual de la pensión de cada jubilado. Por eso Sánchez no quiere aplicar el factor de sostenibilidad.