La patronal madrileña, pymes y autónomos presionan a Garamendi para que rechace la derogación laboral

El malestar por la derogación de la reforma laboral crece. En el seno de la Patronal el cabreo va en aumento, especialmente en CEPYME, CEIM y ATA – las patronales de las pymes, empresarios de Madrid y autónomos– que han exigido al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que bloquee la norma que desmantela la flexibilidad laboral lograda por las empresas con la reforma del PP de 2012. La tres entidades quieren una postura dura ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y reclaman a Garamendi que se acoja al mensaje de la UE de que la reforma tiene que contar con el apoyo de los empresarios para obtener el visto bueno comunitario.

Pedro Sánchez ha aceptado, al menos formalmente, “la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)”. El acuerdo de coalición, de hecho, establece la devolución de todo el poder a los sindicatos, lo que, de facto, elimina toda la flexibilidad laboral de las empresas.

Garamendi ha sido crítico con la nueva norma socialista pero, sobre todo, ha sido duro con el hecho de no haber sido informado a tiempo de los cambios. De hecho, a estas alturas, nadie en España conoce hasta qué punto exacto llevará Sánchez la derogación de la reforma laboral.

La locura de esta tramitación ha llegado al punto de que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gran demandante de una derogación radical de la reforma laboral del PP, haya afirmado en estos momentos que la derogación no se puede hacer técnicamente, una afirmación sin sentido que ha terminado de descolocar a los empresarios.

Pero lo cierto es que el compromiso de derogación entre Podemos y el PSOE existe y figura en el acuerdo de Gobierno que sentó en La Moncloa a Pedro Sánchez.

Ese pacto incluye la devolución de todo el poder a los sindicatos en tres materias altamente delicadas: la imposición del convenio sectorial sobre los pactos de la empresa con las centrales sindicales; el poder de mantener la ultraactividad de los convenios si los sindicatos no aceptan un nuevo pacto con la empresa; y la eliminación de la posibilidad de descolgarse del convenio cuando la empresa está en peligro real por crisis. Y CEPYME, CEIM y ATA han puesto pie en pared. No están dispuestas a aceptar una reforma que destroza la actividad empresarial en España. Y así se lo han trasladado a Garamendi.

Este frente se convierte, de este modo, en el segundo campo de batalla de la derogación de la reforma laboral de Sánchez. Y el otro de los flancos de combate no es menor: las conversaciones mantenidas en el seno de la UE han dejado claro ya que Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Eslovenia miran de reojo la derogación de la reforma laboral en España por el daño empresarial que puede provocar. Se trata de los mismos países que han puesto ya el grito en el cielo por el descontrol del déficit de Sánchez y el batacazo económico de la economía nacional en pleno rescate europeo. Y si alguno de ellos paraliza la concesión de dinero en el Consejo, España se puede quedar sin recibir el resto del rescate de los famosos 140.000 millones de euros.

Advertencia de los países frugales

El bloque de los países frugales (Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia) hace tiempo que ha mostrado su postura en Europa. Estados miembros como Holanda, Austria, Suecia, Finlandia o Eslovenia han advertido de que España no despierta credibilidad en materia económica en estos momentos y que el uso de los fondos del rescate europeo no está avalado por los resultados obtenidos.

Lo cierto es que la escasa ayuda de Sánchez a las empresas en la era Covid y el aumento descontrolado del gasto público ha llevado a España a un duro callejón en el que el déficit se ha desbocado hasta los 123.000 millones de euros en 2020 y superará los 100.000 millones con casi total seguridad en 2021. Todo ello, con unos datos de avance del PIB intertrimestrales en el presente ejercicio de -0,6%, 1,1% y 2% en cada uno de los trimestres finalizados. Y, encima, con una inflación del 5,5%.

Por si fuera poco, ese resultado se ha obtenido con un saldo en ayuda europea hasta el pasado verano de 350.000 millones en la era Covid en concepto de financiación entregada a los bancos por el BCE y en compra de deuda soberana.

Es más, la dependencia de la economía española de las ayudas europeas alcanza, sumando todos los conceptos, los 816.758 millones, un 73% de la riqueza generada por la economía nacional en 2020. Y eso, a ojos de los frugales, es excesivo. En medio de ello, llega el aviso de la derogación de la reforma laboral, una reforma que fue exigida por la UE como condición a cambio del rescate de España tras la crisis subprime.