El Parlamento aragonés pide ahora al Museo de Lérida la devolución de los 113 bienes de Barbastro-Monzón

bienes Barbastro-Monzón
Museo Diocesano de Lérida.

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por el Partido Aragonés y enmendada por el PSOE que pide al Ejecutivo autonómico que actúe para que el Obispado de Lérida proceda a la devolución de los 113 bienes de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca) que están en depósito en el Museo de Lérida.

La proposición no de ley —aprobada en la semana de la llegada de los bienes de Sijena desde el mismo museo ilerdense— insta al Gobierno de Aragón a solicitar una reunión con cada uno de los miembros del Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida —Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de la capital ilerdense, diputación provincial, Consejo Comarcal de Segriá y Obispado— para que no se opongan y «den facilidades» el obispado catalán, que ha reconocido en un acto de conciliación que estos bienes «deberían devolverse a su legítimo propietario y que no lo hace porque no puede, dado que están en el museo y su consorcio se opone».

Igualmente, las Cortes de Aragón han reiterado al Ejecutivo autonómico la necesidad de que lograr recabar la autorización del Obispado de Barbastro-Monzón para que el Ejecutivo autonómico «pueda habilitarse como parte afectada en las acciones legales precisas para que las 113 obras propiedad del obispado aragonés y que se encuentran en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida retornen».

Además, el Parlamento ha acordado que el Gobierno de Aragón dé traslado de esta iniciativa a todos los integrantes del Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal del Lérida.

La diputada del PAR, María Herrero, ha aclarado que el objetivo «no es que busquen un acuerdo», sino que el Ejecutivo «intente hablar con todos los miembros del consorcio para que no impidan al obispo cumplir su voluntad» ya que dice que «quiere devolver las piezas, pero no le dejan».

Ha añadido que esta actuación «es independiente de la vía judicial» ya que a raíz de este acto de conciliación se han introducido unas razones «políticas» que «no podemos obviar» para que «no sea por Aragón que el obispo no devuelva los bienes», «que no es más que cumplir lo que dice la justicia».

El diputado del PP, Antonio Torres, ha subrayado que «Aragón se define por su Derecho y ése es el camino», la vía judicial, para criticar que el Gobierno autonómico «en dos años no haya hecho nada», a pesar de que su grupo, en la oposición, no hayan presentado iniciativas para favorecer la unidad de acción.

La diputada del PSOE, Margarita Périz, ha explicado su enmienda porque ha estimado que la propuesta del PAR partía del «buenismo», con «argumentos blandos», mientras que su enmienda «es una forma eficaz de ir por el buen camino para resolver el conflicto» al pedir al Gobierno de Aragón que recabe la autorización del Obispado de Barbastro-Monzón para habilitarse como parte afectada en las acciones legales.

La parlamentaria de Podemos, Amparo Bella, ha estimado que hay que «centrar el debate en la defensa del patrimonio aragonés», una obligación de los grupos de las Cortes, y evitar «el oportunismo» que ha achacado a la iniciativa para «quizá intentar reavivar un conflicto y rivalidad que oculta intereses políticos, en el momento que estamos viviendo».

La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha defendido intentar «tender nuevos puentes y solucionar el problema» y al mismo tiempo «mantener la vía judicial abierta por si la del diálogo no funciona, como ha pasado en Sijena», para recordar que «hasta la fecha el Obispado de Barbastro-Monzón ha rechazado la intermediación del Gobierno de Aragón».

La parlamentaria de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha recordado que «la titularidad es de las parroquias aragonesa» y «no debería haber problemas» por afectar a dos diócesis, «pero los hay», para advertir de que «jamás va a haber un acuerdo político para que estas piezas vuelvan a Aragón» y al Obispado de Lérida «ya le viene bien que el consorcio no dé todas las facilidades». Ha añadido que el patrimonio expoliado no solo está en Cataluña, sino en otros lugares de España y del extranjero.

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