Otro desafío del Parlament al Constitucional: reprueba al Rey y declara que «Cataluña es republicana»
El Alto Tribunal ya advirtió a la Cámara catalana sobre otras resoluciones contra la Monarquía y las consecuencias de permitir una votación al respecto
Ciudadanos pide que la Cámara catalana exalte la labor del Rey y de la Monarquía parlamentaria como institución
El Parlament de Cataluña vuelve a desobedecer al Tribunal Constitucional. Por una parte ha aprobado este viernes varias propuestas de resolución en las que «reprueba» al Rey Felipe VI y al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que considera la «huida» del monarca emérito Juan Carlos I. Por otra, ha dado luz verde a una propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP que declara que «Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere ningún Rey».
Desde este mediodía, con casi dos horas de retraso por las diferencias entre los grupos parlamentarios sobre la necesidad del debate, el pleno de la Cámara catalana se ha reunido de forma extraordinaria y urgente a petición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para debatir sobre la jefatura del Estado y la Casa del Rey.
La propuesta de resolución que ha visto la luz verde señala que «la monarquía borbónica ha sido y es un pilar crucial para la persecución de los derechos del pueblo catalán y contra la construcción de la república catalana, como quedó demostrado con el aval de Felipe VI a la represión policial contra el referéndum del 1 de octubre de 2017».
Indica también que «en Cataluña existe una amplia mayoría a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum, y en contra de la monarquía», y expresa el rechazo «a la monarquía borbónica».
Dicho rechazo se produce al considerar que se trata de una «institución caduca, profundamente antidemocrática, corrupta y heredera de la dictadura franquista y representante de los intereses económicos y políticos de las élites dominantes y las oligarquías del Estado español».
Por ello el Parlamento catalán ha reprobado «al Rey Felipe VI y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas y las figuras institucionales del jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas para el disfrute personal y el beneficio privado».
Por lo que respecta a la reprobación del Gobierno de Pedro Sánchez, y de forma especial a la vicepresidenta Carmen Calvo, el motivo es el de haber «colaborado» en «la huida de Juan Carlos I», así como por «ser cómplice de la inmunidad perpetrada por la monarquía borbónica».
«Cataluña es republicana»
Por ello el pleno del Parlament catalán ha aprobado una propuesta de resolución conjunta entre JxCat, ERC y la CUP que declara que «Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere ningún Rey».
La resolución se ha votado en el pleno extraordinario sobre la monarquía y ha salido adelante con 69 votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y 65 en contra del PSC-Units, los comuns Cs y el PP.
En octubre del año pasado, cuando el Parlament aprobó otras resoluciones sobre la Monarquía, el Tribunal Constitucional advirtió al presidente del legislativo catalán, Roger Torrent, y a la Mesa del Parlament sobre las consecuencias de permitir su votación. Si no impiden o paralizan otras votaciones sobre la autodeterminación y la Monarquía, como las suspendidas por el Tribunal de la Resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio «sobre las propuestas para la Cataluña real», podrían incurrir en responsabilidades penales.
Ciudadanos, el principal partido de la oposición en Cataluña, había solicitado a la mesa del Parlament que reconsiderase la celebración de la sesión de este viernes. Finalmente los votos en contra de los separatistas y la abstención del PSC, que con su voto ha facilitado el debate, ha permitido que los diputados celebraran un pleno monográfico sobre la situación de la Familia Real y las presuntas irregularidades cometidas en el pasado por el Rey emérito Juan Carlos I reveladas por OKDIARIO.
En cualquier caso, Ciudadanos ha presentado en la Cámara una propuesta de resolución en el Parlament de Cataluña que pide que la Cámara catalana exalte la labor del Rey y de la Monarquía parlamentaria como institución, y condenar la «campaña de desprestigio que los partidos nacionalistas y populistas están impulsando contra la institución de la monarquía parlamentaria».
El partido naranja también quería que el Parlament reprobara al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que comparezca por una cuestión sobre la que Cataluña no tiene competencias y «quiera erosionar» la monarquía y la figura del jefe del Estado.
Moncloa se pone de perfil
A cambio de ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió a desjudicializar la política en Cataluña. Sólo así ERC se comprometía a apoyar su elección y por eso, en plena negociación, el Gobierno aparcó los recursos de inconstitucionalidad por varias leyes y resoluciones aprobadas en el Parlament, como una que afecta a la Monarquía.
El Gobierno tuvo en estudio los recursos durante casi tres meses hasta que el 27 de febrero, cuando se cumplió un trimestre desde su aprobación en la Cámara catalana, se agotó el plazo que establece la ley para que se puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional. La portavoz, María Jesús Montero, justificó el hecho de que dos meses y medio después de la actuación del Parlament no se hubiesen presentado los recursos: «Los procedimientos a veces son largos». Nunca más se supo de ellos.
Sin embargo, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, el Ejecutivo despachaba en un máximo de 48 o 72 horas, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, estos recursos para frenar desde la ley las ofensivas del independentismo contra el Estado de Derecho. Algo que ha cambiado con la llegada del PSOE y Podemos al Gobierno.
Pese a asegurar que «el Gobierno no va a permitir que la Generalitat se salte ninguna norma» lo cierto es que los recursos contra las leyes aprobadas por el Parlament, en favor de la autodeterminación y las resoluciones en contra de la Monarquía, no han sido denunciadas por el gabinete de Sánchez aunque sabe que son inconstitucionales por anteriores sentencias del Constitucional.