Pacto con el fiscal: cómo un imputado pasa a testigo por declarar en contra de Zaplana

El fiscal del ‘caso Erial’, Pablo Ponce, viajó junto a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 12 de junio de 2018, en una comisión rogatoria a Uruguay para interrogar «al entonces imputado» Fernando Belhot. El Ministerio Fiscal llegó a un acuerdo con el investigado para cambiar su posición procesal, pasando así a testigo, a cambio de «colaborar con la Justicia», según el escrito número 455 elaborado por Ponce e incorporado al sumario.

El concepto «colaborar con la Justicia» se convirtió en un cambio radical de la versión inicial de Belhot, que pasó de negar todas las acusaciones a autoincriminarse y declararse supuesto testaferro de Eduardo Zaplana. De esta manera, el investigado quedó liberado de las graves acusaciones que se le imputaban: delitos de cohecho, prevaricación y malversación.

Este tipo de acuerdo con un investigado supone un hecho inédito y sin precedentes en España. La jurisdicción española vigente no recoge el extremo de ‘indultar’ a un imputado, a cambio de «modificar la versión» de los hechos argumentados inicialmente, según explican a OKDIARIO expertos en Derecho.

Tras el acuerdo, el Ministerio Público consiguió la principal prueba contra el ex ministro del Partido Popular, basada únicamente en el testimonio del supuesto testaferro uruguayo. Sin embargo, el fiscal Pablo Ponce –como le contó el testigo– no dispone de ni un sólo documento que acredite la veracidad de sus acusaciones. Tampoco dispone de informes en los que figure Zaplana como administrador, apoderado o socio de las empresas o cuentas radicadas en paraísos fiscales según consta en el sumario del ‘caso Erial’.

La declaración clave del testigo uruguayo llegó a la instrucción ocho meses después de que la juez María Isabel Rodríguez Guerola decretara prisión provisional sin fianza para el ex presidente de la Comunidad Valenciana, que se encontraba en el centro penitenciario de Picassent.

Un pacto a contra reloj

Personas próximas al ex ministro popular explican a OKDIARIO que «resulta sorprendente» la urgencia con la que se tramitó este inusual pacto. El 14 de diciembre el representante del Ministerio Fiscal firmó, en Montevideo (Uruguay), un acuerdo con el abogado Fernando Belhot mediante el cual cambió su condición de imputado a testigo en la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.

Tan sólo diez días después, coincidiendo con la celebración de Nochebuena, el 24 de diciembre, la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola –al frente de la investigación– dictó un auto en el que se solicitaba la declaración por videoconferencia «del hasta entonces imputado». Esta comisión rogatoria fue tramitada con extrema urgencia según consta en los correos electrónicos intercambiados con la Justicia uruguaya, incorporado al sumario del ‘caso Erial’ al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Paralelamente, Eduardo Zaplana fue ingresado de urgencia en el Hospital la Fe de Valencia tras sufrir un grave episodio de salud. El ex presidente de la Generalitat valenciana padece leucemia y su enfermedad empeoró durante el tiempo en el que se encontró en prisión provisional.

Zaplana vivía en el ‘módulo de Enfermería’ pero éste no contaba con la maquinaria e instrumentos necesarios para tratar su enfermedad, esto le provocó una pérdida importante de masa ósea llegando a tener «los huesos como una mujer de 80 años, con un alto riesgo de padecer una fractura vertebral o de cadera», según manifestó el equipo médico que le atendió.

La juez rechazó conceder la libertad, en cualquier modalidad, para el ex ministro aludiendo a un elevado riesgo de fuga porque, según la magistrada, «también hay hospitales en los paraísos fiscales». Ya ha pasado un año desde que Zaplana abandonó el centro penitenciario y no ha huido de la Justicia.

El imputado indultado

El Ministerio Fiscal allanó el terreno al abogado uruguayo para que declarara contra Eduardo Zaplana. Durante los primeros viajes realizados a Uruguay, cuando se estaba fraguando el pacto que se selló en diciembre de 2018, el fiscal recordó en un escrito con número 2070/18 remitido a las autoridades uruguayas que Fernando Belhot quedaba impune del secreto profesional que debe cumplir por su condición de letrado.

El escrito dice así: «Conforme al derecho de Uruguay, art 302 del Código Penal de dicho país, el requerimiento judicial que se interesa en la presente comisión rogatoria para que declare en calidad de testigo Fernando Belhot colma la exigencia de justa causa prevista en dicha legislación para levantar el secreto profesional dada la investigación judicial llevada al efecto en España (…). Por ello procede a la vista del informe del Ministerio Fiscal, que además ostenta el principio acusatorio, cambiar la acusación procesal de Fernando Belhot que asumirá, a partir de ahora, la de testigo».

Dos semanas después de que el uruguayo declarase por videoconferencia y culpara a Zaplana de los delitos que se investigan, se levantó el secreto de sumario y el ex ministro pudo salir de la prisión de Picassent. Ésta fue la razón por la que el ex presidente de la Generalitat abandonó la cárcel y no por la enfermedad que padece.