La Seguridad Social encubre a Echenique: se niega a desvelar si ya ha pagado la multa por su asistente

La Tesorería General de la Seguridad Social se niega a aclarar si el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha pagado ya su sanción de 11.400 euros por pagar en negro a su asistente personal durante más de un año. En una respuesta del director general a OKDIARIO, se deniega esta información sobre el alto cargo morado.

De esta forma, Andrés Harto Martínez, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, contesta a este periódico con una concisa respuesta de una única hoja: «Se acuerda denegar el acceso a la información solicitada». A continuación se alude a la Ley de Transparencia y al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado en 2015.

«Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de su funciones tienen carácter reservado, y sólo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en determinados casos expresamente previstos por la Ley», zanjan desde este departamento que depende jerárquicamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá.

Así, la Tesorería protege a Pablo Echenique porque «entre los casos en los que sí se podría facilitar la información, no se encuentra la solicitud formulada por el interesado», señalan, en referencia a la petición de esta redacción.

Por último, la Tesorería señala que con su escrito «se pone fin a la vía administrativa, sin perjuicio de otras acciones». Indica que cabe interponer recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes».

Como avanzó OKDIARIO, en diciembre la Seguridad Social ya tenía luz verde para retomar la sanción contra Pablo Echenique después de que el fallo judicial adquiera firmeza. Este dirigente de Podemos con sueldo público retiró su recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo para no abrir precedentes antes incluso de su admisión a trámite. Tras ello, el caso regresó de Madrid a Zaragoza, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y éste, a su vez, lo envió al Juzgado lo Social número 2 de Zaragoza que encabeza la juez Itziar María Ochoa Cabello que inició el procedimiento. Así, se ratificó la sentencia que se limitaba a determinar que sí hubo relación laboral entre Echenique y el trabajador doméstico como pedía la Seguridad Social para poder retomar el expediente sancionador.

11.040 € de sanción

Ahora, la Tesorería de la Seguridad Social puede exigir en firme a Pablo Echenique los 11.040 euros que correspondería imponer como sanción. Este órgano abrió su investigación allá por 2016. Comprobaron que Pablo Echenique había mantenido a un trabajador sin contrato ni Seguridad Social de forma irregular. El caso acabó en la Justicia y, tras ello, instancia tras instancia dio la razón al Estado y no al líder morado.

En particular, se quería sancionar que el político, en concreto, no había dado de alta ni había cotizado por su trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial Empleados de Hogar entre las fechas del 16 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016 –cuando ya era cargo público por Podemos–. En otro periodo, entre septiembre de 2011 y junio de 2012, también se produjo la presunta irregularidad, pero la sanción se basa sólo en la segunda etapa, porque aún no había prescrito.

Desde el entorno de Echenique se insiste una y otra vez que estamos ante una sentencia «injusta». Afean que con este fallo se sienta un precedente que puede perjudicar a otros miles de asistentes de personas con dependencia. «Llegaré hasta donde haga falta», afirmó entonces el diputado. «Sería injusto que una sentencia firme abriera la puerta a sancionar a todas aquellas personas por hacer algo de sentido común y que avala la propia Ley de Dependencia», esgrimieron entonces desde el entorno de Echenique.

El político sostenía que los jueces se podían volver a basar «en la misma premisa falsa que se arrastra desde el principio el proceso», es decir, que la prestación de servicios a un particular durante menos de una hora al día y no todos los días de la semana «es por fuerza una relación trabajador-empresa o trabajador-empleador». «El propio sentido común indica que esto no se sostiene, ya que, si fuera así, todo el mundo debería contratar laboralmente a los fisioterapeutas, a los masajistas o a los profesores particulares de matemáticas que prestan servicio a domicilio de manera intermitente pero más o menos regular y estos deberían firmar un contrato laboral con cada uno de sus clientes simultáneamente», relataban.

El cuidador era el que tenía la obligación de tributar y de cotizar, sostenía Echenique para echar balones fuera. «Por ello la sanción administrativa sería nula por carecer de base», defendía.

Hechos probados

La parte de hechos probados del fallo judicial confirma que el político de Podemos recibía una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Primero tuvo a una empresa contratada por 11,40 euros/hora, más un 8% de IVA. No obstante, un tiempo después, la empresa trasladó al hoy diputado que, tras un cambio de propietario, ya no iba a prestar servicios de ayuda a domicilio.

Entonces el dirigente morado y su auxiliar, Eduardo P.S., mantuvieron la relación en los mismos términos existentes hasta ese momento en cuanto a las actividades del asistente, sin la intervención de la compañía. Echenique le pagaba sin abonar la correspondiente cuota de la Seguridad Social al trabajador. Pagó a su auxiliar lo mismo que previamente, pero en efectivo.

Le pagaba 300 euros al mes sin documento justificativo de estos pagos. Pese a que el asistente le pidió pagar la Seguridad Social, Pablo Echenique insistía que eso no era cosa suya, que era el empleado quien debía darse a sí mismo de alta en la Seguridad Social.