Los okupas aprovechan el foco policial en el 1-0 para asaltar pisos y unirse a Arran

Los okupas de Barcelona aprovechan el referéndum independentista para asaltar pisos esta semana y unirse a los actos de la organización violenta de la CUP, Arran. La Policía ha dado la orden de continuar vigilando estas acciones que podrían complicar el operativo de cara al 1-0.

Fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona hablan de un «repunte» en las intervenciones para frenar las okupaciones en la ciudad. Estos colectivos se organizan a través de las redes sociales llamando a manifestarse e incluso anunciando las viviendas y locales que asaltan animando a los ciudadanos a participar en lo que llaman «proyecto».

Nou espai del Banc Expropiat ocupat el passat dimarts 12: l’antic CAP Quevedo.

Voleu participar d’aquesta nova etapa del projecte?

⬇️Fil⬇️ https://t.co/l7GwQj5D7w

— ◽Banc Expropiat◽ (@Banc_Expropiat) 18 de septiembre de 2017

Los ya conocidos okupas del ‘Banco expropiado’ de Barcelona alardean de haber asaltado un local el pasado martes 12 de septiembre: «¿Quieres participar en esta nueva etapa del proyecto?», animan incluso a sumarse al acto ilegal. Y entre okupas también se apoyan. En la cuenta de Twitter también invitan a sumarse a una concentración contra el desalojo de un local juvenil okupa en Manresa.

⚠️ALERTA!
Aquest dijous desnonament de la Dalla.
Defensem l’habitatge juvenil okupat, a les 9h esmorzar/concentració! #LaDallaResisteix!✊🏾 pic.twitter.com/h7RqfRXh6T

— La Dalla (@LaDallaManresa) 27 de septiembre de 2017

Desde este colectivo también retuitean a los cachorros de la CUP, Arran, llamando a seguirles. Precisamente, el Pleno del Senado aprobó este miércoles una moción consensuada por PP, PSOE y PNV para instar al Gobierno a agilizar los desalojos de okupas que usurpan inmuebles de forma ilegal, a elaborar un plan contra las mafias que trafican con pisos vacíos y a realojar a las familias desahuciadas más necesitadas.

Acuerdo en el Senado contra la okupación

La iniciativa ha sido fruto de un acuerdo suscribiendo un texto que ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Foro y UPN y al que se han opuesto Podemos y EH-Bildu.

La senadora de Podemos Pilar Garrido rechazó que se haga hincapié en facilitar los desahucios y los desalojos y en castigar la ocupación con medidas represivas y añadió que habría que «penalizar las viviendas vacías».

La misma trata de mejorar el marco normativo que regula la usurpación de inmuebles modificando el artículo 245 del Código Penal para adaptar este delito a la situación actual y tener en cuenta las situaciones que merecen ser objeto exclusivamente de sanción administrativa, cuáles deben atenuarse y cuáles agravarse.

En concreto plantea estudiar un juicio rápido o inmediato que agilice el tiempo de los litigios derivados de la ocupación ilegal de inmuebles. Además, reforzar y posibilitar la adopción de medidas de restitución a su propietario del inmueble usurpado desde el primer momento cuando del correspondiente atestado policial se deduzca la situación de ocupación ilegítima, aunque con garantía de que el afectado por la medida será oído por un juez.

En cualquier caso el Senado pide al Gobierno que mientras no se produzcan las modificaciones legislativas propuestas anteriormente se impulsen por los órganos competentes las medidas necesarias para que los delitos relacionados con la ocupación de viviendas puedan ser tratados en juicios rápidos.

Además, que se identifiquen los edificios usurpados y que se promueva la pronta denuncia de los propietarios y la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de sus ocupantes.

Por otra parte, la Cámara Alta insta a elaborar un plan especial de seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos impulsando la coordinación, mutuo auxilio y la información recíproca con las policías autónomas y locales e intensificando la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Asimismo, emplaza al Gobierno a que obligue legalmente a que se dé traslado de las resoluciones de desahucios a los servicios sociales competentes para que las administraciones implicadas realojen a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Las senadoras del PP Nuria Guijarro y María Aparicio agradecieron a PSOE y PNV que hayan posibilitado llegar a un acuerdo transaccional ya que esta cuestión «no atañe a las ideologías sino al derecho de todos los españoles».