REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Nuevo engaño de Sánchez: jamás habló de derogar el delito de sedición

ERC referéndum
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
Luis Balcarce

La derogación del delito de sedición anunciada por Pedro Sánchez es algo que ni los propios independentistas hubieran imaginado en el mejor de sus sueños. Hasta este jueves el líder socialista jamás había jugado con la idea de eliminar el delito o reducirlo por debajo de la media europea. La reforma siempre giró en torno a reducir las penas y así homologarlas a ciertos países europeos, no en derogar de una tacada el delito. De ahí que hasta en las propias filas socialistas muchos se hayan frotado los ojos al oír a Sánchez anunciar en directo derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de «desórdenes públicos agravados». Un engaño más de Sánchez que ha cogido desprevenidos hasta a los suyos.

Sánchez había declarado su intención de reformarlo en varias ocasiones pero en ningún caso eliminar el delito o reducirlo por debajo de la media europea. Hasta la propia ERC, que rechazaba al igual que Junts la reforma y exigía la amnistía, se limitó en los últimos días a decir, en palabras de Marta Vilalta, que «el Estado ya sabe qué tiene que hacer». Ni reforma ni reformita. Ante ello sólo existía el compromiso implícito del Partido Socialista de rebajar considerablemente las penas, lo que facilitaría el retorno de los fugados Carles Puigdemont y Marta Rovira, y permitir que, tanto Oriol Junqueras, puedan volver a la política activa como candidato habría allanado el acuerdo.

La idea de la eliminación del delito sólo era defendida por algunos ultraizquierdistas cercanos a Podemos que sostienen que la única solución no pasa por reducir la condena de sedición a la mitad, «sino por eliminarla impidiendo que pueda instrumentalizarse para vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos».

«Saben cuál es mi posición»

«Saben cuál es mi posición y es pertinente decirlo aquí en Bruselas, el año 2017 nos dejó algunas lecciones de deberes y tareas que tiene pendiente la democracia (española) desde hace mucho tiempo», señaló Sánchez el pasado 21 de octubre. Porque «tenemos un Código Penal que en algunos delitos no es homologable» a otros países europeos y lo dicen así «los propios penalistas».  Ni una palabra sobre su derogación.

Cuando el Gobierno filtró a El País su propuesta de reforma del delito de sedición, dejaba claro que estaba dispuesto a hacer es una reforma para reducir a la mitad esas penas, en línea con el entorno europeo, pero en ningún caso a eliminar el delito. Y ahí estaban las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para refrendar la reforma: «La sedición necesita una revisión. Es un delito que se encuentra dentro del título de los delitos de orden público con unas penas desproporcionadas respecto del resto de conductas tipificadas como delitos contra el orden público».

El diario gubernamental recordaba que en España el delito de sedición tiene una condena de 15 años, y según «los estudios que conoce el Gobierno de Sánchez, la media europea está en torno a los seis años, incluso, hay varias potencias europeas que se sitúan por debajo de esta media». «Pero el Gobierno está pensando en una reducción de penas, no en una eliminación», decía el diario monclovita. O Félix Bolaños les engañó como bobos, o estaban jugando al despiste.

Sánchez confirmó lo que una torpeza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había avanzado en el Congreso cuando le anunció a Joan Maragall (ERC) que el PSOE llevaría al Congreso la reforma del Código Penal para homologar estos delitos a los estándares europeos. «Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más, para nada. En el fragor del debate no siempre uno termina de completar la frase», mintió a sabiendas la ministra en los pasillos del Congreso buscando salir de su propio entuerto.

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