Ni Italia ni ningún organismo alertó a Sánchez de la operación para detener a Puigdemont

Pedro Sánchez ha vuelto a quedarse al margen de información privilegiada en la detención de Carles Puigdemont. Como ya ocurriera con la detención del CDR terrorista en septiembre de 2019 -cuando la sorpresa de Sánchez y el enfado de Marlaska fueron visibles por la acción de la Guardia Civil-, ni Italia, ni ningún organismo nacional ha alertado al presidente de la operación de los agentes italianos. Una detención con clara repercusión en el esquema de alianzas de Sánchez en el Congreso.

Los protocolos se han cumplido. Por eso, ni la Policía, ni la inteligencia, ni los mismos agentes italianos podían avisar al Gobierno de la operación que se preparaba para detener a Carles Puigdemont. Y así se ha hecho. Ello, pese a que los separatistas acusan ahora a Sánchez de no haberles alertado, dando por hecho que, de haber conocido la información, el presidente podría haberla comunicado, algo que habría truncado con un alto grado de probabilidad, la detención del ex presidente.

Protocolo de confidencialidad

El protocolo de confidencialidad, de este modo, ha funcionado. Y lo ha hecho a lo largo de varios días, porque el conocimiento del plan del ex presidente catalán fugado de desplazarse a la Cerdeña era conocido desde el pasado 20 de septiembre. El sistema, de hecho, se ha beneficiado de un mecanismo adicional de discreción: no se activó ninguna orden específica.

Las bases de datos internacionales compartidas por todas las policías europeas del espacio Schengen tenían grabada, desde que se emitió, la orden de busca y captura aparejada a la euroorden dictada por la Justicia española para detener a Carles Puigdemont, sobre quien sigue pendiendo una causa por sedición en España.

A Puigdemont se le busca desde que se fugó de España en 2017 y ese requerimiento se mantiene grabado en las bases de datos policiales. Eso y la vigilancia que el CNI mantiene sobre el ex presidente han sido las claves de su detención en Cerdeña, Italia.

El riesgo de comunicación por intereses políticos siempre existe y el protocolo de confidencialidad permite alejar la tentación. Hay que recordar que ya en el pasado otra operación policial cogió por sorpresa al Gobierno y también desestabilizó su esquema de alianzas. Se trató de la operación desarrollada a finales de septiembre de 2019 por la Guardia Civil contra los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña.

En concreto, contra el CDR terrorista que preparaba explosivos para atentar en esa comunidad autónoma. Aquella detención provocó un enfado visible en el Gobierno, hasta el punto de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a exigir explicaciones al Instituto Armado por el alcance de las detenciones y del material incautado. El propio ministro convocó en aquella ocasión a los mandos de la Guardia Civil para reprenderles porque consideraba que debían haberle informado con antelación de la operación para prevenir al presidente del Gobierno y poder amortiguar el impacto.

El enfado mostrado por Marlaska, de hecho, llegaba en cascada en aquel momento: procedía directamente de Moncloa. Y es que fue el propio presidente del Gobierno, en aquel momento en funciones, tuvo que improvisar las respuestas desde su viaje a Nueva York y ante los periodistas que le esperaban, sin saber nada de la operación que llevaba a cabo la Guardia Civil, detectaba explosivos y, para colmo, provocaba la ira de todos los separatistas con los que el PSOE formalizaba sus alianzas políticas.