Un Mosso revela que Cornellà estuvo 2 horas sin patrullas el 1-O
Un mosso d'esquadra de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha asegurado ante el juez que entre las 05:00 y las 06:45 horas de la mañana del 1 de octubre de 2017 no hubo patrullas de policía autonómica por las calles de esta ciudad, ya que se les ordenó regresar a comisaría.
Una decena de agentes han declarado este lunes como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en el marco de la investigación que tiene abierta contra la cúpula de la policía catalana durante la etapa del mayor Josep Lluís Trapero por supuesta pasividad ante la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba impedir el 1-O.
Según han informado fuentes policiales, uno de los agentes llamados a testificar ha afirmado ante el magistrado que, en ese lapso de tiempo en que no hubo patrullas en la calle, fue cuando se hicieron llegar las urnas y las papeletas hasta la mayor parte de puntos de votación.
Aunque ha precisado que su opinión es muy «subjetiva», al ser preguntado por la fiscalía y los abogados de la acusación, ha sostenido que le dio la sensación de que se les ordenó permanecer en comisaría para favorecer la llegada del material a los puntos de votación.
El resto de agentes que han declarado, por su parte, han mantenido la misma línea que sus compañeros que les precedieron hace unas semanas, y se han limitado a exponer que la única indicación que recibieron sobre cómo debían proceder para impedir el referéndum era no recurrir a la violencia contra los votantes si se encontraban con un grupo muy numeroso bloqueándoles la entrada.
La decena de efectivos que han desfilado este lunes por los juzgados de Cornellà son testigos en la causa que investiga a siete miembros de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el exjefe del cuerpo Ferran López, por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad para impedir el referéndum del 1-O.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà acordó esas imputaciones después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el mayor Josep Lluís Trapero.
La investigación del juez se centra en la «elaboración, aprobación y cumplimiento de las pautas de actuación» de los Mossos d’Esquadra ante el 1-O, así como «los efectos de dicho despliegue policial a la hora de dar debido cumplimiento» a la orden judicial de impedir la votación.
En base a las actas de las reuniones de la cúpula de la policía catalana sobre el 1-O, el juez aprecia indicios de que la actuación de la Prefectura de Mossos «es de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del mayor que ejerciera su poder unilateral».