Mordaza del PSOE a la oposición: 8 meses y 8 líneas para contestar al PP sobre el daño a la hostelería

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el contexto de pandemia para torpedear la función de control de la oposición. Hasta el punto de que, por ejemplo, ha tardado ocho meses para responder en apenas ocho líneas a una iniciativa parlamentaria sobre el daño a la hostelería registrada por el PP allá por el mes de mayo, coincidiendo con la primera ola de coronavirus. Todo ello, con la complicidad de la presidenta socialista de la Cámara, Meritxell Batet.

Según la documentación consultada por OKDIARIO, el Grupo Popular, a través de la diputada Paloma Gázquez, registró una pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la correspondiente al ministerio que dirige la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.

Pero superado el plazo para su contestación en el Plenario de dicha comisión, el Gobierno optó por transformarla en respuesta por escrito. Sin embargo, y aquí está lo más sorprendente y significativo, el Ejecutivo de PSOE-Podemos lo hizo el pasado enero, es decir, después de dos periodos de sesiones (febrero-junio de 2020 y octubre-diciembre de 2020). 

Según explican fuentes parlamentarias, el Reglamento del Congreso permite la conversión de preguntas orales en escritas si no se responde en tiempo en este formato, pero siempre con aquellas del anterior periodo de sesiones. En este caso, el Gobierno sólo podía hacerlo ahora de las registradas entre septiembre y diciembre de 2020. Pero la pregunta de Gázquez fue registrada en mayo. 

En concreto, esta diputada del PP por Asturias formuló la siguiente cuestión: «¿Qué medidas concretas ha previsto la vicepresidenta cuarta del Gobierno dentro de sus funciones en el plan de desescalada para el sector de la hostelería, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma?».

Gázquez lamentó que, sin embargo, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se estuviera dedicando a dar ruedas de prensa y entrevistas en lugar de comparecer en sede parlamentaria. La diputada del PP criticó además que Ribera afirmara a los hosteleros que «el que no se sienta cómodo, que no abra», y le pidió que no pusiera «palos en las ruedas» a estos trabajadores, cuando lo que quieren los ciudadanos son «certidumbres», recalcó Gázquez en su iniciativa, con fecha de 4 de mayo de 2020.

Ocho meses después, y sin que esta pregunta oral llegara a ser formulada en la Comisión del ramo, el Gobierno contestó con una respuesta escrita de apenas ocho líneas el 27 de enero de 2021. «El día 28 de abril de 2020, el Gobierno presentó su Plan de Desescalada, cuyo objetivo fundamental era el de conseguir, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que presenta la pandemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordadas», señaló el Ejecutivo.

«Es decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y económico y con el objetivo de que vaya acompañado de medidas para no dejar a nadie atrás», añadió Moncloa en esta pregunta tramitada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, alto cargo propuesto por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Fondo plurianual

El pasado jueves, el Pleno del Congreso rechazó un plan de ayudas para los negocios de la hostelería pactado por PP, Ciudadanos y Vox, que proponía entre otras medidas compensar con financiación adicional a las comunidades autónomas para recuperar al sector y asignaciones directas a negocios para sufragar parte de sus gastos.

Esta iniciativa, derivada de una proposición no de ley del PP, fue tumbada con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, la CUP y Nueva Canarias.

El plan abogaba por la aprobación urgente de un fondo plurianual hasta 2023 de 8.500 millones para tramitar ayudas y compensaciones directas por pérdidas de pymes y autónomos, la exoneración de cotizaciones e impuestos durante el estado de alarma para autónomos que hayan suspendido actividad y una tarifa plana de 50 euros cuando lo reinicien.

También planteaba ampliar las medidas de liquidez y de aplazamiento de deudas tributarias y cotizaciones ya vigentes, financiar un ‘Plan Renove’ para adaptar las instalaciones a las exigencias de seguridad sanitaria, la prórroga automática del sistema de protección especial de los ERTE y una reducción temporal del IVA aplicado a servicios de hostelería, restauración y turismo al 4%, informó Ep.

«Con la soga al cuello»

Tras el rechazo de la Cámara, el portavoz de Turismo del PP, Agustín Almodóbar, criticó que el PSOE «tenía la obligación moral de apoyar con ayudas directas a los camareros, cocineros, recepcionistas, autónomos, proveedores y empresarios de los más de 100.000 establecimientos hosteleros que están literalmente con la soga al cuello».

«Votar en contra de la aprobación de un Plan de Choque con ayudas directas a un sector que se ha visto obligado a cerrar o restringir su actividad, equivale a conducir a las empresas hosteleras españolas al patíbulo», manifestó Almodóbar.

El diputado del PP por Alicante calificó de «intolerable» que otros países europeos hayan impulsado planes especiales y líneas de ayudas directas para rescatar a la hostelería mientras España, segunda potencia turística mundial, «se pone de perfil» con este sector, «en riesgo» sin la puesta en marcha de un nuevo plan de ayudas.