Montero promete a Cataluña un trato fiscal a medida tras exigir el Govern el 100% de los impuestos

Pere Aragonés pidió este martes a María Jesús Montero un cupo al estilo vasco para Cataluña con el objetivo de recaudar el 100% de los impuestos que se generan en esta autonomía. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, como viene siendo habitual desde finales del año pasado, a cambio de garantizarse el colchón de La Moncloa unos meses más, ya ha puesto la maquinaria a trabajar para satisfacer las exigencias de los separatistas. Aunque eso suponga un agravio con el resto de comunidades autónomas.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda aseguran que no se ve con malos ojos la petición de Aragonés de mejorar el régimen fiscal de Cataluña. Este martes, horas después del anuncio de la Generalitat que el propio president detallará en una conferencia hoy miércoles en Madrid, el entorno de María Jesús Montero reconocía en los pasillos del Senado que «cupo no habrá, pero sí un trato fiscal singular en el marco del régimen general». Aunque lo vistan con esas dos últimas palabras, a la práctica supone diferenciar la relación fiscal con Cataluña de la del resto de autonomías.

En el Ministerio de Hacienda aseguran que «estamos dispuestos a mejorar el régimen fiscal del Govern porque que es mejorable». Un guiño en toda regla a Aragonés días después de renunciar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 conscientes de que el adelanto electoral en Cataluña hará muy difícil un entendimiento con ERC y Junts.

Aún así, con la mirada ya puesta en las cuentas del año que viene, que deberán negociarse tras el verano, fuentes cercanas a Montero aseveran que trabajarán con el Govern «para buscar lo más beneficioso para Cataluña». Dicho en otros términos, aceptarán lo que exija el futuro gobierno catalán a cambio de asegurarse los votos necesarios para aprobar los PGE.

La propuesta de ERC, verbalizada por la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, y que Aragonés detallará este miércoles, pasa por que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, incluyendo una transferencia al Estado por los servicios que presta en Cataluña y un fondo de reequilibrio territorial. De esta forma, el Govern pasaría de recaudar el 9% de los impuestos a la totalidad, lo que calcula que representa unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual.

Fuentes del Gobierno aseguran que lo que está pidiendo el Govern no viene recogido ni en la Constitución ni en el Estatuto catalán. Pero en todo caso, según indican, estarían dispuestos a reconocer algunas singularidades a la hora de diseñar los criterios del sistema de financiación, como por ejemplo los Mossos d’Esquadra o las competencias de Justicia y de prisiones que tiene asumidas Cataluña, lo que ya crearía un hecho diferencial con el resto de autonomías acogidas al régimen común.

Rechazo de otras CCAA

La propuesta de Montero de estudiar un traje fiscal a medida de Cataluña, tras reclamar Aragonés poder recaudar el 100% de los impuestos, no gusta en el resto de Comunidades Autónomas. Fuentes de la consejería de Hacienda de Canarias, consultadas por este periódico, opinan que «parece la antesala a una nueva cesión al independentismo y que rompería el principio de solidaridad».

Esas mismas fuentes apuntan que «hacer trajes a medida unilateralmente va más allá de lo injusto, sobre todo, para comunidades como Canarias que han cumplido estos años, pese a las dificultades, controlando, por ejemplo, su deuda». «Aún sin resolver las consecuencias de prorrogar los presupuestos de este año, parece que desde el Gobierno de España se sigue solo buscando el apoyo de Junts o ERC, lo que, sin duda, perjudica al resto de CCAA» sentencian.

Desde Aragón, fuentes de la consejería de Hacienda de esta comunidad, denuncian que si Montero acaba cediendo a estas presiones de Aragonés «seria un escándalo». Esas mismas fuentes consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez, en su empeño de satisfacer permanentemente a los partidos independentistas catalanes, avanzan hacía la decisión de «romper nuestro país, un país se construye desde la solidaridad». En la administración que preside Jorge Azcón manifiestan que un trato diferencial de estas características «rompe esta solidaridad» con la que ha funcionado el estado autonómico desde su creación.

Fuentes del Principado de Asturias, en este caso en manos del PSOE, sostienen el mismo argumento que Aragón y Canarias para negar futuros tratos de favor a Cataluña. Estas fuentes al más alto nivel apuntan que a su juicio, «la propuesta de fondo supone romper con la solidaridad entre todos los españoles que vertebra España, así como romper con la solidaridad interterritorial que aparece recogida también en la Constitución y que es lo que nos vertebra como nación».