Crisis del coronavirus

Moncloa negocia con las comunidades y el PP cómo aplicar el toque de queda contra el coronavirus

Moncloa reconoce tener "preparada toda la maquinaría jurídica" para actuar con celeridad cuando sea necesario para luchar contra el coronavirus

Sanidad traslada a las comunidades la responsabilidad sobre el estado de alarma en su nuevo plan

Ministerio de Sanidad
El ministro de Sanidad, Salvador Illa.

«Los acontecimientos se están precipitando», reconocen fuentes de Moncloa, en lo que la lucha contra el coronavirus se refiere. Con España superando el millón de contagiados y marcando a diario récord de nuevos infectados, el Ejecutivo se mueve para frenar la expansión de la pandemia. Donde este miércoles por la mañana se daba por descartada la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, hoy jueves, tras una ronda de contactos del ministro Salvador Illa con los consejeros autonómicos, la mayoría de ministros ya están «prevenidos» por si tienen que reunirse de forma urgente este viernes o sábado.

A última hora de este miércoles, el Ministerio de Sanidad remitió un documento a las comunidades autónomas con un catálogo de medidas conjuntas que permitan actuar de igual forma en todo el territorio nacional. Sin embargo, antes del envío de ese borrador, Illa habló con todos y cada uno de los consejeros, algunos de los cuales, que podrían llegar a sumar mayoría, le trasladaron su intención de pedir o apoyar el decreto del toque de queda, lo que obligaría a aprobar un estado de alarma. Eso encendió las luces rojas en Moncloa. Castilla y León aprobará hoy la solicitud formal del decreto del toque de queda al Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra esta tarde

Ante ese escenario, y la posibilidad de que las Comunidades obliguen esta tarde al Gobierno a aprobar un nuevo decreto de estado de alarma para activar el toque de queda, el Ejecutivo ha puesto en marcha «toda la maquinaría jurídica» para dar respuesta a esa posibilidad. Como afirmó el propio ministro hace unas semanas, cuando se impuso la orden ministerial rechazada por el TSJM a la Comunidad de Madrid, los acuerdos adoptados por el Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento. Ahora, la suma de autonomías gobernadas por el PSOE, el PP y los partidos nacionalistas, podría poner en un aprieto al Gabinete de Pedro Sánchez.

Moncloa sigue firme en su la voluntad de no tener que decretar un nuevo estado de alarma en todo el territorio español. Son conscientes de que ese movimiento, de nuevo, cargaría la responsabilidad de la gestión de la pandemia en el Gobierno de la nación. Su intención pasa por evitar este mal trago y mantener en manos de las Comunidades la toma de decisiones y medidas, blindándoles el marco jurídico. Por eso, como contraoferta a la solicitud del toque de queda, el Ejecutivo estaría dispuesto a aprobar un Real Decreto Ley que evitara que fueran los tribunales superiores de justicia los encargados de ratificar o rechazar los acuerdos y elevar la decisión al Tribunal Constitucional, mucho más lento.

Pero por si no se llega a un acuerdo en este sentido y el gabinete ministerial se ve obligado a decretar el toque de queda con la aprobación de un nuevo estado de alarma, Moncloa sondea ya a los principales grupos parlamentarios de cara a saber si contarían con los apoyos necesarios para la tramitación parlamentaria de esta medida. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes gubernamentales, confirmadas por el PP, el Ministerio de Sanidad intenta saber si los populares votarían a favor de un nuevo estado de alarma de ámbito nacional. El principal miedo en el Gobierno es vivir lo que ocurrió en las últimas prórrogas, en los meses de mayo y junio, donde tuvo que mendigar el voto a favor de Ciudadanos y Bildu.

Fuentes de Moncloa recuerdan que «las Comunidades tienen las herramientas suficientes para ordenar confinamientos». Sin embargo, ante el temor que ocurra lo que pasó en Madrid hace unas semanas o lo que ha ocurrido hoy en el País Vasco, donde los tribunales han rechazado las medidas decretadas por ambos gobiernos regionales, «los servicios jurídicos están estudiando todas las fórmulas y preparando la maquinaria para actuar cuando sea necesario». Una vez más, Sánchez, se puede ver obligado a actuar en el tiempo de descuento ante la inacción de su Ejecutivo a la hora de liderar la lucha contra la pandemia en todo el territorio como hacen la mayoría de países de Europa.

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