Moncloa, Darias e Illa se aliaron para interferir en la investigación de las mascarillas ‘fake’

El caso Illa de las mascarillas falsas, con las que el Gobierno hizo multimillonaria a una sociedad fantasma dirigida por una estafadora, ya no sólo implica al ex ministro y actual líder del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa. También a la actual alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Fue ella, personalmente, con su firma, la que presionó a los auditores del Tribunal de Cuentas para que ocultaran las irregularidades que bañan la mayor contratación de material sanitario realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Darias lo hizo en calidad de ministra de Sanidad, cargo en el que había sustituido al líder del PSC.

La estrategia, tras la que estaba Moncloa, fue concertada con el visto bueno de Illa cuando éste ya no era ministro. Él, expresamente, dio por buena la defensa que el Gobierno iba a desplegar a su favor a través de su sucesora en Sanidad, Carolina Darias.

La empresa beneficiada, FCS Select Products, que esconde sus cuentas desde que se hizo de oro con los contratos del Gobierno, hizo una fortuna de más de 30 millones de euros que colocó en lujoso ladrillo: se apresuró a invertir las enormes ganancias en inmuebles de postín en exclusivas urbanizaciones turísticas y en Barcelona capital –un bloque entero en el centro y propiedades en el carísimo barrio de Pedralbes–, y una gran nave industrial valorada en unos dos millones de euros que FCS compró en La Roca del Vallés (Barcelona), el pueblo en el que nació Illa y del que fue alcalde durante diez años.

Ante las gruesas irregularidades que detectaron los auditores y que reflejaron en su anteproyecto de informe sobre esos contratos, el Tribunal de Cuentas se dirigió personalmente a Salvador Illa para que se defendiera. Él renunció a hacerlo, porque sabía que quien iba a hacerlo era Darias. Y renunció porque era consciente de que la estrategia iba a alinearse por completo con sus intereses.

Fechas clave

Así consta en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, firmado de puño y letra por Illa. El 14 de septiembre de 2022, el Tribunal de Cuentas le remitió el anteproyecto del informe de auditoría que afectaba de lleno a esos multimillonarios contratos que el Ministerio, en la etapa de Illa, había adjudicado a FCS Select Products y que se incumplieron tanto en el fondo como en la forma: las mascarillas llegaron con siete meses de retraso, numerosos cargamentos fueron defectuosos y algunos incluso tuvieron que destruirse, pero Sanidad no puso reparo alguno en pagar al adjudicatario los 217 millones más IVA que había concertado en marzo de 2020, pocos días después de la declaración del estado de alarma por el Covid.

En contestación a ese escrito que le dirigió el Tribunal de Cuentas el 14 de septiembre de 2022, Illa firmó la respuesta apenas un mes después, el 10 de octubre. Lo hizo desde Barcelona. Pese a las gruesas sospechas que se cernían sobre él por la investigación del Tribunal de Cuentas, Illa despachó el asunto con sólo siete líneas y un contenido tan escueto como confiado: «Me remito a las alegaciones que se realicen desde el Ministerio de Sanidad». Él dejó de estar al frente de este Departamento el 26 de enero de 2021 y le sustituyó Darias, a la que Sánchez encomendó más tarde ser una de sus cabezas de cartel para las elecciones municipales de mayo de 2023.

La despreocupada respuesta que dio Illa encontró su correlato en las extensas alegaciones que, poco después, la entonces ministra Darias envió al Tribunal de Cuentas. Fueron firmadas por Carolina Darias el 14 de noviembre de 2022 e incluyeron no pocos reproches a la labor de los auditores, a los que cuestionó abiertamente. Llegó a culparlos de «reiterada falta sistemática en la exposición de los resultados». Y les abroncó, también por escrito, porque el Gobierno consideraba que las irregularidades que habían destapado eran fruto de «valoraciones subjetivas».

Presiones a un órgano constitucional

Estas alegaciones firmadas por Darias comprometen el principio de independencia que ha de proteger la acción de los auditores del Tribunal de Cuentas, que es un órgano constitucional. Y, además, el Gobierno intentó con ellas coartar la función que les es propia a estos inspectores, ya que la ley que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas indica expresamente que sus auditores no sólo deben hacer un examen de la legalidad contable y presupuestaria, sino también examinar la eficacia, la eficiencia y la corrección de la Administración a la hora de gestionar los fondos públicos. Evidentemente, esto lleva consigo la realización de evaluaciones «subjetivas», pero fundadas en hechos ciertos, que es lo que hicieron en este caso los auditores y que es lo que el Gobierno intentó que no hicieran.

Así, entre otras exigencias, el Gobierno presionó al Tribunal de cuentas para que ocultara el incumplimiento reiterado en que incurrió FCS Select Products en los multimillonarios contratos que le había adjudicado el ministro Illa. Y eso pese a que tales incumplimientos están probados y fueron evidentes.

Toda adjudicación ha de cumplirse tanto en tiempo como en forma. En este caso, cumplir en forma suponía entregar el material con las características establecidas y no con otras, algo que no ocurrió en su totalidad, ya que hubo abundantes entregas de material defectuoso, que no se ajustaba a las condiciones marcadas o que incluso era inservible. Respecto al plazo, el incumplimiento también fue flagrante: el elevado precio que aceptó el Ministerio de Sanidad para este contrato se justificaba en la rapidez con la que iban a ser suministradas las mascarillas, en cuatro semanas, justo al principio de la pandemia, entre el 23 de marzo y el 23 de abril de 2020. Tampoco se cumplió. Al final fueron no menos de siete meses. Pero ni se revisó el precio, ni se rescindieron los contratos, ni se aplicaron penalizaciones al adjudicatario.

La «satisfacción» del Gobierno

Darias también exigió que los auditores pasaran esto por alto. Y lo hizo alegando por escrito que «como resultado final, el adjudicatario de estos cuatro contratos suministró íntegramente y a satisfacción de la Administración todos los productos adquiridos». La afirmación es falsa en sí misma. Resulta difícil considerar «satisfactorio» que, por ejemplo, se dieran por buenas 7,5 millones de mascarillas que tuvieron que destruirse. Eso sí, Sanidad pagó por ellas a FCS Select Products 3,19 millones.

Las pretensiones de Darias en este particular no han colado en el Tribunal de Cuentas. Los auditores suavizaron sus alusiones al respecto, pero no las borraron del informe final. Esos privilegiados contratos de Sanidad con FCS Select Products incluían cláusulas de penalización por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los mismos. Sin embargo, cuando esas incidencias se constataron, «no se recurrió a la aplicación de penalidades ni se exigieron daños y perjuicios en los casos en que se produjeron demoras en la ejecución o cumplimientos defectuosos». Con esta frase, el indicio de trato de favor cae a plomo sobre el Ministerio de Sanidad.