Más de 400 víctimas de abusos de religiosos denuncian su caso al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado en una rueda de prensa que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por «la negación o la minimización del problema».

En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la «negación y a la ocultación», sino incluso a «presiones» de representantes de la misma en las que «se les culpabilizaba de los abusos sufridos».

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

«Tienen que pagar los obispos y no el contribuyente»

Víctimas de abusos han reclamado que sea la Iglesia la que compensación a su favor y no el Estado, como propone también Ángel Gabilondo.

«La factura de la reparación económica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente. La Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada», ha criticado el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Ángel Hurtado.

Tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Hurtado ha señalado que la investigación española en los casos de abusos en la Iglesia «ha sido un gatillazo y una decepción», al tiempo que ha destacado que es de una «calidad pésima» en comparación con la de otros países como Australia o Irlanda. «El legislador español sabía cuáles eran los modelos óptimos de buenas prácticas y ha escogido de forma consciente y deliberada hacer las cosas mal», ha asegurado.

En concreto, ha hecho referencia a que en España «no se ha investigado el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática», ya que, en sus palabras, «sólo se han limitado a entrevistar a algunas víctimas pero no han revisado los archivos canónicos o entrevistado a las instituciones donde sucedieron los hechos».

Sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre las que destacan la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas o celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica, Hurtado lamenta que «son insuficientes y descafeinadas» ya que «no se ha escuchado a las víctimas ni a los expertos internacionales».

En la misma línea, Miguel Barbero, padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, ha incidido en que «indudablemente» la Iglesia debe hacerse cargo del pago de compensaciones a favor de las víctimas. «Al final esto lo paga todo el mundo menos la Iglesia, al final vamos a pagar todos los españoles unas indemnizaciones que le tocaría a la Iglesia. ¿Por qué tienen que ser los españoles los que paguen los platos rotos por unos pederastas?», se ha preguntado.

José Luis Pérez también se ha mostrado en contra de que «el pueblo tenga que pagar» la compensación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. «Es terrible que esto lo pague el pueblo y salga de los impuestos. Las consecuencias las tiene que pagar la Iglesia íntegramente porque es la que nos hizo el daño, la que no nos cuidó y fue dentro de la Iglesia donde nos violaron y nos destrozaron la vida», ha denunciado.