El caso de enchufismo de la empresa pública Gisvesa acaba de saltar al equipo más cercano a Pedro Sánchez. El escándalo de esta sociedad extremeña —donde se acumulan 19 enchufados socialistas y que ha acabado dejando a la empresa pública con agujero económico un 330% superior al del año anterior— incluye un nombre que va más allá de la política regional: el de Ventura Sánchez Amor, contratado en la empresa como auxiliar administrativo. Ventura es el hermano de una de las personas más influyentes en el área de Exteriores del equipo personal del secretario general de los socialistas: Ignacio Sánchez Amor, diputado y portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista en el Congreso.
Los ‘populares’ extremeños hablan ya de un gran escándalo de «enchufismo socialista». Y, lo cierto, es que la magnitud del caso justifica el calificativo.
La empresa pública Gisvesa figura a cierre de 2017 en una situación de «quiebra» con un «agujero económico» que es un 330% superior al del ejercicio pasado. El PP ha solicitado hasta en seis ocasiones a la Junta de Extremadura, concretamente a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que informe de las contrataciones, encargos y encomiendas de
gestión que se han estado realizando a Gisvesa. Y el resultado ha sido siempre el mismo: nada, el silencio como respuesta.
Pero mientras la callada se convertía en la respuesta oficial en el feudo de Guillermo Fernández Vara —presidente extremeño con el respaldo de Podemos—, los ‘populares’ han podido acceder a un listado de encomiendas realizadas entre los años 2016 y 2017 por parte de la Consejería de Sanidad en el que se aprecia que, de las 41 encomiendas realizadas, 19 corresponden a personas con evidentes vinculaciones al Partido Socialista de Extremadura.
Entre los nombres de esa lista de «excargos socialistas» y «amiguetes»,
como los ha calificado el portavoz del PP Sánchez Juliá, figura Francisco Saavedra Santos, exdiputado autonómico; Concepción Cáceres, concejala en Talayuela; Vanessa Macías, primera teniente de alcalde en Navas del Madroño; José María Paredes, coordinador de IS-PSOE en Mérida; José Antonio Pajuelo Casado, concejal en Badajoz; Noelia Durán Galapero, exjefa de gabinete de la Consejería de Presidencia; Juan Carlos Jiménez Parejo, concejal en Zorita; Andrés Licerán González, concejal en Cáceres; Ana Isabel Pérez, exalcaldesa en Valverde del Fresno y hermana de la diputada Eva Pérez; o Javier Sevilla de la Montaña, exjefe de gabinete de Carmen Heras, entre otros. Y todos ellos, no justificados legalmente como «puestos de personal de confianza», sino como contrataciones puras y duras en una empresa pública que el Tribunal de Cuentas señala que «deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Pero uno de los nombres del que no se había hablado hasta el momento puede ser el más llamativo. OKDIARIO ha accedido a los archivos laborales de la empresas y ha podido comprobar que este escándalo no lo es sólo a escala autonómica: lo es a escala nacional. Y muy cercano al actual candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Porque uno de los contratados es directamente el hermano de su portavoz de Exteriores en el Congreso.
Sánchez Juliá ha calificado la utilización de Gisvesa como «agencia de colocación del PSOE», algo que ha contribuido, además, a la «quiebra» de esta empresa pública, dedicada a la gestión de infraestructura, suelo y vivienda de Extremadura.
Hay que recordar que no es la primera vez que Extremadura salta a las portadas en los últimos tiempos por casos de enchufismo relacionados con Pedro Sánchez. Hace tan sólo medio año, se descubrió que David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, había sido nombrado Coordinador de Actividades de Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz. El fichaje del hermano de quien dice ser uno de los grandes luchadores contra ‘la casta’, se hizo en régimen de contratación laboral de alta dirección.
