La Comunidad de Madrid derriba el edificio de El Molar que sembró el miedo por los okupas

La Comunidad de Madrid ha ejecutado ya las obras de demolición de la construcción ilegal de El Molar que se había convertido en un importante foco de preocupación para los vecinos por la gran presencia de okupas en la zona. Según ha detallado la Dirección General de Urbanismo este miércoles, tras el derribo también se ha procedido a restaurar la zona alterada por el edificio.

La demolición está enmarcada en un plan de inspección que se desarrollará, previsiblemente, a lo largo de este 2024. El Ejecutivo regional ha detectado en la zona cerca de 1.500 edificaciones ilegales. La mayor parte de ellas datan de los años sesenta. En toda la Comunidad se han abierto ya 28 expedientes disciplinarios y, de ellos, tres ya están judicializados a fin de destruirlos, aunque el proceso acostumbra a ser lento.

La construcción ilegal se encontraba ubicada en el Paraje Arroyo del Povo y se había levantado en suelo no urbanizable de protección, lo que ha motivado la intervención de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que ha invertido más de 414.000 euros en el derribo y en la restauración del entorno.

El desaparecido inmueble estaba compuesto por un total de 11 instalaciones, entre ellas un edificio de tres plantas con una estructura que no se había finalizado. Se le sumaba una vivienda unifamiliar, en este caso aislada, y tres naves industriales. Todo un complejo en una parcela de 670 hectáreas.

Dado que se hizo sin licencia, la presencia de la construcción en la finca de El Molar suponía una infracción urbanística y el incumplimiento de la normativa constituía un delito contra la ordenación del territorio.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha resuelto dos problemas con la ejecución del derribo: por un lado, la del impacto visual del edificio en un suelo protegido, es decir, la cuestión medioambiental; por el otro, el que afecta de manera directa a los vecinos y a la convivencia en la localidad. El complejo se había convertido en un dolor de cabeza para la población, que permanecía pendiente de él por la presencia de okupas en la zona y por la práctica de otras actividades ilegales en la misma, como ha indicado Sara Aranda, directora general de Urbanismo.

Devolverle su estado natural

El principal objetivo de la demolición era renaturalizar cuanto antes la parcela afectada mediante la utilización de los residuos orgánicos que había en esa misma tierra. Es, precisamente, el que se entiende como el gran logro medioambiental que se ha alcanzado. Al devolver el suelo protegido a su estado natural, el Ejecutivo de Ayuso lo ha protegido frente a la erosión, a la vez que se ha recuperado material para uso agrícola y ganadero: pacas de paja, guano, estiércol, virutas de madrea presente en las naves, etc.

Se utilizó para ello un buldózer para hacer una repartición más uniforme de los residuos sobre el terreno y permitir así, también, que los ganaderos locales puedan aprovecharlo para hacer que su ganado paste en busca de grano y de las mejores espigas de la paja, al mismo tiempo que se favorece la aportación de nutrientes a la tierra.

La Comunidad ha detectado un foco de construcciones ilegales, además de en El Molar, en Chinchón, Mejorada del Campo, Fuente el Saz de Jarama o Colmenar de Oreja. Todas ellas están en terrenos protegidos medioambientalmente o en suelo no urbanizable.