La lista de Puigdemont vulnera la ley electoral: es una coalición ficticia para asegurarse subvenciones

Junts per Catalunya, la candidatura con la que Carles Puigdemont concurre a las elecciones del 21 de diciembre, supone una vulneración tanto de la ley electoral y del propio concepto de ‘coalición’, como de los mismos estatutos de su todavía partido, el PDeCAT.

La ley y la doctrina de la Junta Electoral entienden por coalición la unión de dos o más partidos con fines electorales. Así se hace constar en el mismo formulario de inscripción de una candidatura de este tipo para una cita electoral, donde es necesario informar de cada formación que compone la unión, así como de sus representantes legales.

En el caso de Junts per Catalunya, la unión es ficticia, porque los dos partidos que figuran en el registro son, en realidad y a todos los efectos, el mismo: PDeCAT y CDC. 

En octubre del año pasado, el ministerio del Interior aceptó en el registro de partidos al Partit Demòcrata Europeu Català como nuevo nombre para la extinta CDC, un cambio de denominación que fue después validado por los asociados del partido. El nombre quedó registrado después de que Interior hubiese tumbado otros dos- Partit Demòcrata Català y Partit Català Demòcrata- por su similitud con Demòcrates de Catalunya, una escisión de CDC.

En la práctica política, ha quedado suficientemente acreditado, además, que los dirigentes de Convergència están ya plenamente integrados en el PDeCAT.

Además, el peso del partido es ciertamente reducido. Hay que irse hasta el puesto número 20 para encontrar el primer nombre, el de la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras. En la denominada ‘lista del president’, Puigdemont ha priorizado a independientes, desplazando en consecuencia a sus propios compañeros de filas.

Por otro lado, las personas que aparecen en el registro de esta candidatura son David Bonheví, de la Dirección Ejecutiva Nacional del PDeCAT y uno de los más activos colaboradores del expresident en el exilio, y Carles del Pozo, exgerente de CDC y, en su día, detenido en el ‘caso 3%’.

Sin embargo, aunque en este caso Bonheví aparezca en la condición de representante legal, no parece que sea el caso. De hecho, en el registro de partidos políticos del ministerio del Interior, consta que esa responsabilidad corresponde a Artur Mas y a Neus Munté, destituida el pasado julio por Puigdemont como consejera de Presidencia.

Hay más irregularidades. Puigdemont se saltó los propios estatutos del PDeCAT, aprobados en el congreso fundacional de la formación en julio de 2016, y que establecen que «las federaciones o las coaliciones electorales con otras fuerzas políticas de ámbito nacional, estatal o europeo tendrán que ser aprobadas por las personas asociadas a través de una consulta preceptiva y vinculante» (artículo 74).

La fórmula de la coalición electoral tiene un fin eminentemente práctico. Aunque el expresident era partidario de una agrupación de electores -incluso se llegó a promover una campaña de recogida de firmas para su constitución- esa solución presentaba importantes desventajas: no tendría derecho a las ayudas que corresponden por participación electoral, ni tampoco acceso a publicidad en los medios de comunicación públicos o a los correspondientes debates. Una situación impensable para Puigdemont en un escenario tan competido como el de estos comicios.

Sin subvenciones, el expresident se vería incapaz de asumir los gastos de campaña.

Los partidos que concurren el 21-D recibirán una subvención de 16.101,60 euros por cada escaño obtenido. Además, cada candidatura recibe 61 céntimos por cada voto, siempre y cuando obtenga representación parlamentaria, y un plus de 17 céntimos por votante de cada provincia catalana, en concepto de gastos de propaganda electoral. En 2015, la coalición Junts Pel Sí recibió 3,7 millones de euros.