El letrado que avala a Batet apoyó que el pateapolicías siguiese en el escaño tras ser condenado

El letrado mayor del Congreso ha avalado la actuación de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, al impedir el voto presencial al diputado del PP Alberto Casero, alegando que no existió fallo técnico sino error material del propio parlamentario. Carlos Gutiérrez Vicén, secretario general del Congreso de los Diputados, ha elaborado un polémico informe -filtrado dos días antes de las elecciones en Castilla y León- en el que ampara que Batet decidiese de manera unilateral prohibir el voto presencial a Casero sin convocar la Mesa del Congreso, como exige el reglamento. Se da la circunstancia de que el letrado elaboró en su día otro controvertido informe en el que apoyaba que el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez  conservase su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Entonces, los letrados del Congreso, bajo la responsabilidad de Gutiérrez Vicén, apoyaron que Rodríguez, condenado en firme e inhabilitado por el Supremo por patear a un policía en una manifestación en 2014, conservase intacta la condición de parlamentario, rechazando que se le aplicase la inelegibilidad sobrevenida esgrimida por el Alto Tribunal. Los servicios jurídicos del Congreso alegaron que la sustitución de la pena de cárcel por una sanción -que el diputado ya había pagado- hacía que la sentencia no tuviese efectos extra penales. En ese caso, consideraron que no concurría «causa de incompatibilidad sobrevenida» de la Ley Electoral ni tampoco «la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado», contemplada en el reglamento del Congreso.

En ese informe se apoyó la mayoría de PSOE y Podemos en la Mesa de la Cámara para concluir que la condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario. La decisión causó perplejidad en el Tribunal Supremo y el propio presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, remitió una carta a Batet en la que le advertía que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo era una pena accesoria «obligada».

Sólo unos días después, el jefe de los letrados del Congreso enmendó el primer informe y apoyó la retirada del escaño, considerando esta vez que la sustitución de la condena de prisión por una sanción económica no hacía desaparecer la naturaleza de la primera y, por tanto, Rodríguez tendría que dejar su acta.

Avala a Batet

El Partido Popular ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional el «atropello democrático» que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha destacado que «se conculcó el derecho» de su diputado, que avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había «capacidad» para que Casero votara de forma presencial. Fuentes populares aseguran que llegarán «hasta el final» con este asunto porque «ha quedado claro» que Batet ha estado «al servicio de los intereses de su partido, y no de los intereses de los españoles».

Casero, cabe recordar, votó el pasado 3 de febrero de manera telemática la convalidación del decreto de la reforma laboral del Gobierno. Alegó que, por un «error informático», el sistema registró un voto afirmativo cuando su intención era justo la contraria. El diputado, enfermo, acudió entonces de inmediato al Congreso para votar de forma presencial y el Grupo Parlamentario Popular solicitó a Meritxell Batet que convocase la Mesa, el órgano que debía decidir sobre este asunto. Pero Batet se negó y decidió unilateralmente impedir la rectificación. En consecuencia, sumó el voto equivocado y decisivo para que la reforma laboral de Pedro Sánchez obtuviera el respaldo de la Cámara por un ajustadísimo resultado de 175 votos a favor frente a 174 en contra.

El informe del letrado mayor concluye, sin embargo, que el voto de Casero «fue válidamente emitido y produce plenos efectos» y que, al contrario de lo que alegó el parlamentario, «no se produjo un fallo en el sistema de votación, debiendo imputarse a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la voluntad que se quería manifestar».

También descartan los letrados que en este caso fuese de aplicación el Reglamento de 2012 que regula el procedimiento del voto telemático y que obliga a la presidenta de la Cámara a «comprobar telefónicamente con el diputado, antes del inicio de la votación presencial, la emisión efectiva del voto y el sentido de este».

Batet incumplió esa resolución pero, según consta en el informe, ese procedimiento no era ya de aplicación a consecuencia de la pandemia, cuando se decidió que la comprobación se hiciese «mediante la introducción de usuario y contraseña en la intranet de la Cámara».

La Resolución de 2012 obligaría también a Batet a convocar la Mesa del Congreso cuando Casero solicitó votar de manera presencial, algo que la  presidenta socialista de la Cámara no hizo. Pero el informe, de nuevo, niega que tuviese tal responsabilidad, como había exigido el PP.

Para los letrados, «no se dan las circunstancias que hubieran justificado la anulación» del voto telemático de Casero, y por tanto «no resultaba ni jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa, habiéndose actuado conforme a precedente, al considerar que, no existiendo error técnico, no resultaba posible permitir que se repitiera la votación».

Casualmente, el informe se ha conocido cuando apenas quedan dos días para las elecciones de Castilla y León. La Mesa del Congreso, por decisión de la propia Batet, no se reunirá hasta el próximo 15 de febrero. Sería entonces cuando, como es habitual, el informe de los letrados debía ver la luz.