Junts culpa a Bolaños de la «chapuza» de la amnistía por distinguir entre terrorismo «bueno y malo»

La negociación de la Ley de Amnistía vuelve a tensar las relaciones entre el Gobierno y sus socios. En la cuenta atrás para que la ley se vote en el Congreso, Junts exige al PSOE un blindaje total en la amnistía para los delitos de terrorismo y traición al Estado, y confirma que votará en contra del dictamen en caso de que Sánchez no atienda a sus modificaciones. En los últimos días, en el partido de Carles Puigdemont se ha instalado una preocupación evidente por el desarrollo de las causas judiciales que siguen en marcha: la que afecta a los autodenominados Comités de Defensa de la República y a Tsunami Democràtic, por posibles delitos de terrorismo, y el caso Volhov, en el que se indaga en la conexión de Rusia con el separatismo catalán. En Junts se apunta directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el culpable de la «chapuza» de la ley, por distinguir entre «terrorismo bueno y malo».

La negociación de la ley, especialmente en los relativo al terrorismo, ha sido compleja, con constantes desacuerdos entre Moncloa y los separatistas. Desde el principio, el PSOE dejó claro que excluir por completo los delitos terroristas, como pretendía el independentismo, era una línea roja, argumentando que un perdón total sería tumbado por Europa, y no sería digerible por la opinión pública.

La primera versión de la ley que llegó al Congreso sólo excluía de la amnistía a los condenados por terrorismo con sentencia firme. Pero los independentistas temían que ello fuese un coladero y no ofreciese una suficiente protección a los acusados. Tras una ardua negociación de las enmiendas, y ante la negativa del PSOE a sacar el terrorismo, aceptaron una solución intermedia, en principio, más conveniente a sus intereses. Que la ley se aplicase a los condenados por terrorismo, hubiese o no sentencia firme, aunque excluyendo aquellos hechos que «de forma manifiesta y con intención directa» hubieran causado «violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Bolaños, en unas polémicas declaraciones, llegó a afirmar que la amnistía incluiría delitos de terrorismo salvo cuando hubiese «violaciones graves de derechos humanos», dando a entender así que existe un terrorismo compatible con los derechos humanos.

Borrado total

Esa última versión llevó la firma de PSOE y ERC, aunque Junts la apoyó en la Comisión de Justicia del Congreso. El partido de Carles Puigdemont, no obstante, siguió en su empeño de que la palabra terrorismo ni siquiera figurase en la ley. Así, mantuvo «viva» una enmienda -en el argot parlamentario, sujeta a una nueva votación por el Pleno- en la que se exige el borrado total del terrorismo. Esa enmienda -que es ahora objeto de negociación y tensión con el PSOE- suprime por completo el punto en el que se alude a la exclusión de estos delitos.

En Junts señalan que «existen dos procedimientos en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes por hechos que no serían tipificables como tales pero que lo están siendo» y ven necesaria la supresión «para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán». Reiteran que, a lo largo del procés, «no existe ningún acto que pueda ser tipificado como delito de terrorismo».

Las últimas novedades judiciales han reforzado la percepción en Junts de que el blindaje que ofrece la ley, tal y como está, no es suficiente para neutralizar los procesos que están en marcha. En los últimos días se han conocido importantes novedades judiciales. En una resolución, el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón avisó que los violentos altercados registrados en octubre de 2019 en Barcelona -en los que dos policías resultaron gravemente lesionados- tendrían encaje en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el mismo que queda excluido de la ley. Ese artículo señala que «el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley» y que «nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente».

Además del terrorismo, Junts también reclama que la amnistía incluya los delitos «de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional». Con ello, pretenden blindarse ante la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre los presuntos vínculos de dirigentes separatistas con el Kremlin.

Negociación

A unas horas de la votación de la amnistía en el Congreso -prevista para las 17 horas- la ejecutiva de Junts ha lanzado un importante aviso al PSOE: «No podrá votar a favor» si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en el caso Tsunami y en el Voloh, según ha informado la formación en un comunicado.

«La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera», apuntan los independentistas.

Hasta última hora, la presión será máxima. Si Junts vota en contra, el texto volverá a la Comisión de Justicia y se abrirá un plazo de un mes para redactarlo de nuevo antes de someterlo a una nueva votación. Si prospera, pasará al Senado, donde el PP podrá retrasar su tramitación hasta un máximo de dos meses. La intención de Moncloa era que la ley estuviese definitivamente aprobada a principios de la primavera.