El juez pide al TSJ de Murcia que investigue a Pedro Antonio Sánchez por la ‘Púnica’

Presidente de Murcia: Pedro Antonio Sánchez
El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (Foto: Efe)

El juez de Púnica ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado una exposición razonada a este Tribunal al apreciar indicios de que Sánchez podría haberse beneficiado de servicios prestados por empresas de la trama Púnica.

Velasco entiende que, durante su época como consejero de Educación, el presidente murciano mantuvo relación con el empresario Alejandro de Pedro para contratarle para servicios de mejora de su reputación en Internet.

No obstante, el juez admite que el contrato, que se pagaría con dinero público, no llegó a realizarse, como el propio Sánchez ha defendido siempre. Según Velasco, ello no evita que se le pueda imputar un delito de fraude.

Sánchez ha defendido, en relación a este caso, que dispone de «más de una decena de certificados oficiales» que acreditarían que nunca se hizo contrato alguno de ninguna índole con esta trama.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justifica su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

«Acuerdo y concertación»

Con esta acción «lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares», según precisa el magistrado instructor que añade que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen «dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública».

Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió «acuerdo y concertación» afectando a los intereses de la Administración.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 conformó la pieza relativa a las actividades de la trama en Púnica en un auto que dio a conocer el pasado 13 de febrero y en el que dirigió el procedimiento contra 22 personas, entre ellas Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro a quien le atribuyó cinco conductas delictivas.

 

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