José Manuel Arcos fue asesinado en 2018 de un disparo porque no tenía chaleco antibalas

El guardia civil José Manuel Arcos fue asesinado en octubre de 2018 por un delincuente común y multirreincidente conocido como El Kiki mientras prestaba servicio. Arcos no tenía ni chaleco antibalas ni funda antihurto para el arma, y se convirtió en el primer agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asesinado en acto de servicio durante el mandato de Marlaska.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre de 2018, en Huétor Vega (Granada), tras arrebatarle el delincuente su arma reglamentaria. El ladrón lo asesinó de un disparo cuando Arcos intentaba detenerlo. La víctima era agente de Seguridad Ciudadana, estaba casado y tenía dos hijos. Le segaron la vida cuando tenía 47 años.

Según el relato de la Fiscalía, El Kiki aceleró tras darle el alto el guardia civil, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara «una maniobra que resultó sospechosa (…) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma» considerada de guerra, que arrojó durante la huida.

Tras ello se produjo una persecución, El Kiki arrebató el arma reglamentaria al agente y, durante un forcejeo, le disparó entre el abdomen y la ingle, lo que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shock hipovolémico.

Ocho años de batalla judicial

Raquel Pérez Palma, la viuda del agente Arcos, ha librado una “lucha infernal” durante ocho años para que se hiciera Justicia, que finalizó hace escasos días. Para esta mujer coraje, a su marido «lo mataron dos, el que le negó los medios y el que le disparó». 

La primera sentencia llegó en noviembre de 2020, cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a 22 años y medio de cárcel al autor de los hechos por homicidio. El asesino de Arcos reconoció los hechos y se declaró culpable ante el tribunal del jurado que iba a juzgar su caso. Fue una sentencia de conformidad tras un acuerdo alcanzado entre las partes.

Sentencia pionera

La sentencia también imponía al condenado que indemnizara a los familiares de la víctima por el daño moral: con 159.600 a la esposa, 89.600 a su hija y 85.000 a su hijo. Sin embargo, se declaró insolvente y la familia se vio obligada entonces a acudir a la jurisdicción contenciosa para reclamar al Estado que se hiciera cargo de la indemnización, en base al principio de indemnidad.

Dicho principio implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas cuando no haya culpa o negligencia por parte del funcionario, y el responsable directo del daño sea insolvente.

El Ministerio del Interior intentó librarse del pago alegando que los daños personales y patrimoniales de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan a los guardias civiles y policías con la administración. Sin embargo, la Audiencia Nacional dio la razón a esta familia.

Y de esta importante sentencia también se beneficiarán otras familias de guardias civiles y policías que se vean en estas situaciones tan dramáticas, ya que obliga al Estado a indemnizar a las familias de policías y guardias civiles asesinados en acto de servicio cuando los condenados se declaran insolventes. Hasta entonces, esta vía había sido inexplorable.

La resolución es la número 3906/2025, de 24 de septiembre, que la firman los magistrados Alicia Sánchez Cordero (presidenta y ponente), Margarita Pazos Pita, Eduardo Hinojosa Martínez y Alicia Esther Ortuño Rodríguez.

En esta cruzada, la familia de Arcos ha estado asistida de forma gratuita por el abogado Javier López y García de la Serrana. «Gracias a él hemos conseguido esto porque yo no podría haber hecho frente a este caso con mi pensión», declara emocionada a OKDIARIO su viuda. Recientemente, su abogado ha sido investido como Guardia Civil Honorario por «más de veinte años de colaboración desinteresada y compromiso inquebrantable con la Benemérita». Por brindar durante este tiempo apoyo legal desinteresado a cientos de miembros del Cuerpo y sus familias.

En su día, Marlaska impuso al agente Arcos  a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo rojo. Lo cierto es que la ​​Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, señala claramente que al «resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente» corresponden la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial. La Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo se concede cuando el agente sólo “resulta herido en acto de servicio”. Y en este caso, el agente fue asesinado.

Además, como recientemente ha revelado OKDIARIO, Hacienda retiene a las viudas de los guardias civiles la mitad de la dotación económica de las medallas impuestas. Una situación ante la que se ha alzado también Raquel Pérez reclamando que estén exentas de tributos, como las otorgadas por actos de terrorismo. Pierden la mitad de la dotación por tener dos pagadores: por un lado, Clases Pasivas con la pensión y, por otro, Interior con la medalla. Las víctimas critican que “el Gobierno, sabiendo esto, no hace las correcciones legislativas necesarias para subsanar esta situación”.

Exige medios materiales

En toda esta tragedia, la única satisfacción que queda a la viuda del agente Arcos es que su sentencia «abre la puerta a que otras viudas e hijos puedan cobrar una indemnización y que los agentes que están dando su vida por nosotros tengan la certeza de que su familia no se quedará desamparada».

«Es un orgullo», declara emocionada a este diario, destacando que «esta lucha se la debemos al agente Arcos por dar su vida». Esta viuda confiaba en que el caso de su marido sirviera para que se tomara medidas para dar más protección a guardias civiles y policías, «quienes nos protegen y dan la vida por nosotros».

Raquel Pérez lamenta que la falta de medios siga siendo el pan de cada día entre los agentes. Y exige medios materiales para policías y guardias civiles «para evitar estas tragedias que dejan familias rotas de por vida», así como que «se les reconozca de una vez la profesión de riesgo y la equiparación salarial respecto a los mossos».