Irene Montero dice al PP que criticar su fichaje de la condenada Isa Serra es «violencia política»
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a la diputada del PP Marga Prohens de cometer «violencia política» por criticar en la Comisión de Igualdad del Congreso el fichaje de la condenada Isa Serra, que agredió a una mujer policía, así como el de los imputados Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato.
De esta forma lo ha manifestado Montero durante una comparecencia este miércoles en la Cámara Baja convocada para responder a la oposición sobre éste y otros asuntos. En su turno de intervención, la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad, Marga Prohens, ha denunciado el notable incremento de la partida presupuestaria para 2022 destinada a altos cargos y asesores de Igualdad, y ha citado aquí los flamantes fichajes de Montero: «Isa Serra, condenada; Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados; y ahora supongo que está preparando un sitio para el señor Alberto Rodríguez», diputado de Podemos condenado también al igual que Serra por agredir a la Policía.
Junto a ello, Prohens ha cuestionado a la ministra que para ella estos perfiles sean de «buenas personas», al tiempo que le ha afeado que los califique como «perseguidos por la Justicia». Precisamente, Serra atacó e insultó gravemente a una mujer policía.
Sin embargo, en su réplica, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos ha pedido a la diputada del PP que, en relación con estos casos, tanto su señoría como el resto de miembros del Grupo Popular «jueguen limpio, que no es tanto pedir; no mientan, no difamen, no traten de buscar la destrucción personal y no utilicen técnicas de violencia política contra las mujeres».
No es la primera vez que Irene Montero utiliza el término de «violencia política» para escurrir el bulto sobre su responsabilidad. El pasado verano en un curso de verano de la Complutense habló de una «violencia política voraz» contra las mujeres políticas feministas que están en primera línea.
«El feminismo es una propuesta política, es una propuesta de organización de la sociedad que es superior en términos políticos en la medida que garantiza mejor la dignidad de todas las personas. Esto tiene implicaciones no menores, entre ellas una dinámica de violencia política voraz que se da contra las mujeres que creen en este tipo de feminismo», señaló.
Contrato a dedo
Además, tal y como publicó OKDIARIO el pasado septiembre, el Ministerio de Igualdad contrató a dedo por 12.100 euros a una asociación para que elabore un informe sobre lo que Irene Montero considera «violencia política» y de lo que dice sentirse víctima.
En concreto, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, que gestiona la jueza Victoria Rosell bajo las órdenes de la propia Montero, firmó un contrato menor a dedo denominado Servicio correspondiente a la realización del estudio Violencia política por razón de género. La entidad adjudicataria, elegida sin concurso público y previa invitación, fue la asociación Hybridas.
Esta asociación se define en su web como un colectivo de «investigadoras, feministas y facilitadoras». «Hybridas es un grupo de trabajo enfocado al desarrollo de proyectos que promuevan el empoderamiento para la participación política y cívica con enfoque de género tanto a nivel analógico como digital. Cada una de nosotras trabaja en un entorno relacionado con la participación, la investigación, la tecnología y/o los estudios de género», relatan.
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