La investigación sobre los atentados de Cataluña continúa un año después de la tragedia
Un año después de que una célula yihadista atacase a las centenares de personas que paseaban por La Rambla de Barcelona la tarde del 17 de agosto y, pasadas unas horas, por el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), la Audiencia Nacional continúa investigando activamente los atentados de Cataluña, reivindicados por el ISIS, que dejaron en total 16 víctimas mortales y más de 300 heridos de varias nacionalidades .
Actualmente, tres personas se encuentran en prisión provisional por su presunta participación en los hechos: el que alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; un herido en la casa que saltó por los aires en la que se estaba preparando la acción terrorista; y otra persona vinculada con la compra del material explosivo. El resto de los miembros del grupo yihadista fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra en Cambrils o fallecieron la noche anterior en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona).
Aún así, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que levantó a finales del mes de julio parte del sumario de la causa, sigue indagando en los hechos. Según las últimas diligencias conocidas, el magistrado pidió el pasado mes de junio información para conocer si los yihadistas se financiaron con ‘microcréditos’ y en febrero puso bajo vigilancia a personas cercanas a la célula, como al hermano del autor de los atropellos por comprar un disfraz de policía.
España no había sufrido ningún atentado yihadista desde el 11 de marzo de 2004, en el que perdieron la vida 202 personas en la explosión de varios trenes en la estación madrileña de Atocha. Los del 17 y 18 de agosto de 2017 se suman a los perpetrados en Europa (Niza, Berlín, Estocolmo, París o Londres) en los dos últimos años siguiendo el mismo ‘modus operandi’: atropellos múltiples y el uso de armas blancas.
Similitud con otros atentados en Europa
Esta forma de actuar fue advertida por los Mossos d’Esquadra –por entonces dirigido por el mayor Josep Lluís Trapero, ahora procesado por dos delitos de sedición y organización criminal en relación al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña– en un primer informe del 17 de agosto de 2017 en el que se solicitó al juez Andreu –que en ese momento se encontraba de guardia– la autorización para proceder a registrar los domicilios de un grupo 12 amigos y hermanos (de entre 17 y 24 años), sobre los que se sospechaba su implicación en los atentados de Cataluña.
Sobre las 16.30 horas de ese día, una furgoneta blanca, con el logotipo de una empresa de alquiler, recorrió más de 500 metros causando el pánico entre los viandantes que en ese momento se encontraban en el paseo situado en el centro turístico de la ciudad condal. En ese momento, 13 personas perdieron la vida y otros centenares resultaron heridos, incluso de gravedad, de tal modo que una de ellas falleció después en el hospital.
La alarma volvió a saltar en la madrugada del 18 de agosto cuando un coche con cinco personas en su interior, con cinturones de explosivos falsos y armados con cuchillos y hachas, esquivan un control policial y consiguieron entrar en el paseo marítimo de Cambrils. Tras abrir fuego contra ellos, el vehículo vuelca y sus ocupantes salen de él tratando de apuñalar a los transeúntes, matando a una mujer.
Un agente logra abatir a cuatro de los terroristas y el quinto muere tras resultar herido. Se trata de Moussa Oukabir, Omar y Mohamed Hychamy, Said Aalla y Houssaine Abouyaaquob, quienes llevaban consigo un pañuelo rojo –como también hicieron los yihadistas de los atentados de París– en honor al conocido como el «guerrero del pañuelo rojo», Abu Dujana, coetáneo del profeta Mahoma, que se cubría la cabeza con esta prenda antes de entrar en combate, tal y como explican los investigadores en uno de sus informes.
Los terroristas
La furgoneta de La Rambla iba conducida por Youness Abouyaaquob, quien consiguió escapar a pie del centro de Barcelona, pese a la ‘operación Jaula’ que la policía había activado para encontrar a los autores del atentado. No obstante, Abouyaaquob robó un coche para continuar con su huida, apuñalando y asesinando antes a Pau Pérez, dueño del vehículo.
Este terrorista estuvo en busca y captura durante cuatro días hasta que finalmente los Mossos le encontraron escondido entre unos viñedos entre cercanos a Subirats (Barcelona). Fue abatido después de que mostrase un cinturón de explosivos, que también resultó ser simulado.
Tras conocerse por los medios de comunicación el atentado y difundir las fotografías de los sospechosos, Driss Oukabir se presentó en la comisaría de la policía autonómica de Ripoll (Gerona) para exculparse de los hechos alegando que su hermano Moussa se había llevado su documentación un día antes. Una versión que modificó cuando declaró ante el magistrado de la Audiencia Nacional, al que contó que había alquilado la furgoneta utilizada en la ciudad condal para que su hermano hiciese una mudanza, desentendiéndose después de ella.
El juez no le creyó y el 22 de agosto de 2017 acordó su prisión provisional como uno de los presuntos autores de los atentados. Además, a principios de este mes, dos testigos protegidos relataron al magistrado indicios sobre el papel clave que este investigado tenía en la célula yihadista.
La Casa de Alcanar
Andreu también mandó a la cárcel a Mohamed Houli Chemlal, que resultó herido en la explosión de una vivienda la noche anterior en Alcanar (Tarragona) y en septiembre del año pasado a Said Ben Iazza, detenido en Vinarós (Castellón) por su relación con la compra y el traslado del material con el se fabricó el explosivo conocido como ‘madre de Satán’ y que se pretendía emplear para atentar en Barcelona.
La casa de la urbanización de Montecarlo saltó por los aires sobre las 23.00 horas del 16 de agosto, frustrando lo planeado inicialmente por la célula yihadista: atacar lugares como la Sagrada Familia, el estadio de fútbol Camp Nou, festivales de música y discotecas, según las pesquisas hasta ahora realizadas y que aparecen en el sumario de la causa. La intención era repetir lo ocurrido en noviembre de 2015 en París.
Los investigadores encontraron entre los escombros de esa vivienda más de 200 kilogramos de triperóxido de triacetona (TATP) –la ‘madre de Satán’–, más de cien bombonas de butano, 19 granadas de mano improvisadas y un cinturón bomba listo para detonar. En esa explosión murieron dos miembros de la célula yihadista: el imán Abdelbaki Es Satty –considerado el ‘cerebro’ de los atentados– y Youssef Aalla.
Abdelbaky Es Satty, el imán de Ripoll
Los presuntos autores de los atentados que declararon ante el juez ya responsabilizaron al religioso de los actos terroristas. También lo hicieron ante los Mossos d’Esquadra sus familiares: «Toda la culpa era suya», aseguró la hermana de Driss y de Moussa Oukabir, destacando que sus sermones eran radicales y que «hablaba abiertamente, por el altavoz, de la lucha armada» y decía que «se tenía que matar a los infieles y que la yihad se debía hacer sin pedir nada a cambio».
Otros familiares de los investigados resaltaron que habían percibido que algunos de los investigados habían cambiado su comportamiento a la hora de vestir, de seguir la religión, en la forma de hablar, incluso en su trato con mujeres, desde que llegó Es Satty a Ripoll, y sobretodo durante el verano de 2017. De hecho, señalaron que Youssef Aalla fue el primero de todo el grupo que se radicalizó, pues dejó de decir palabras malsonantes y se convirtió en una «persona fría».
En la causa hay más investigados, aunque no han sido detenidos o no han ingresado en prisión, como es el caso de Mohamed Aalla, dueño del coche que atentó en Cambrils; y el gerente del locutorio de Ripoll, Salh el Karib, que quedaron en libertad tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional.