Interior reserva 10,8 millones de euros para fletar vuelos para inmigrantes ilegales

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, acaba de aprobar un gasto de casi 11 millones de euros para 2021 y 2022 destinado exclusivamente a fletar vuelos chárter para repatriar o trasladar a inmigrantes ilegales a cargo de las cuentas públicas. La gestión de las más de 40.000 personas llegadas a Canarias en 2020, las más de 7.000 al resto de España y los 6.500 detectados en lo que va de año ha desbordado a los responsables policiales de Extranjería y Fronteras.

Durante meses han ido llegando los datos de la ola migratoria sufrida por España en general y Canarias en particular sin que se haya podido calibrar qué tipo de consecuencias, sociales y económicas, ha podido tener para un país que ha soportado, sólo en Canarias, un aumento del 756% de llegada de inmigrantes ilegales, más de un 100% en todo el país. OKDIARIO ha tenido acceso a un documento policial firmado el 3 de diciembre de 2020 que arroja luz a esas consecuencias.

El citado documento emana de la Dirección General de la Policía y lo firma el secretario general de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila Polo. Bajo el título “Certificado de insuficiencia de medios”, el responsable policial indica que su departamento “no tiene actualmente los medios humanos y técnicos necesarios para hacer frente a las funciones que, en relación con las repatriaciones, tiene encomendadas”. Es la prueba de que los departamentos de Interior se han visto superados por la llegada masiva de inmigrantes ilegales.

Según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, hay dos aspectos que la Policía venía acometiendo y que en diciembre de 2020 avisaba que se quedaba sin medios para seguir responsabilizándose de ellos si no recibía ayuda: uno es la contratación de aviones para la organización de vuelos chárter de repatriación a los diferentes países de origen, así como traslados a otros países de la Unión Europea desde donde Frontex coordina devoluciones masivas.

El segundo aspecto que la Policía reconocía no poder seguir cumpliendo desdice algo repetido hasta la saciedad por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: que Interior no organizaba ni fletaba vuelos para traer inmigrantes ilegales desde Canarias hasta otros puntos del país en los peores meses de la ola migratoria experimentada en Canarias.

El texto es revelador. “No puede ser cubierta la contratación de aviones para la realización de los traslados de inmigrantes llegados a las costas españolas a los diferentes centros de internamiento para extranjeros, o traslados entre los distintos puntos del territorio para su acogida en instituciones a cargo de organismos públicos o de organizaciones no gubernamentales”.

Lo que cuesta cada vuelo

La Policía reconoce en una sola página que se encarga de esos vuelos, al contrario de lo que decía Marlaska, que sólo aceptó puntuales traslados de personas en situación vulnerable. Si hubieran sido tan puntuales, la respuesta de Interior no hubiera sido buscar adjudicatarios para un contrato de casi 11 millones de euros para atender esos vuelos durante 2021 y 2022.

El contrato no deja lugar a dudas: “Contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros, mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general y de los funcionarios policiales encargados de su custodia, entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países”.

Ya hay dos compañías aéreas a las que se les ha adjudicado el contrato, que se dividirá en dos pagos de más de 3 millones de euros este año y más de 6,5 el próximo. La suma total de las dos anualidades, con impuestos incluidos, asciende a 10.890.000 euros.

El desglose del contrato revela por otra parte los precios que el Estado pagará por cada vuelo según el tipo, y hay cuatro categorías. Los aviones más pequeños, de hasta 75 pasajeros, se pagarán a 9.900 euros la hora de vuelo, 1.500 euros la hora de estancia en tierra y un suplemento según el aeropuerto: 7.000 euros en aeropuertos de la Península y Baleares distintos a Madrid (se considera base central), 10.500 en Melilla y 14.000 euros en Canarias. A todos esos precios hay que sumarles el IVA.

En el otro extremo están los aviones más grandes, con más de 200 plazas, cuyos precios se disparan: 24.200 euros la hora de vuelo, 3.000 euros la hora de estancia en tierra y un suplemento según el aeropuerto: 19.000 euros en aeropuertos de la Península y Baleares distintos a Madrid (se considera base central) y 38.000 euros en Canarias. Melilla no puede acoger este tamaño de aeronaves.

Las compañías que se han hecho con estos contratos son la UTE Evelop Airlines SL y Air Nostrum líneas aéreas del Mediterráneo SAU.

Serán las beneficiarias de las cifras de lo que Marlaska negaba que existiera: vuelos fletados ex profeso por el Estado Español para gestionar la avalancha de inmigración ilegal de Canarias.