Indignación en los magistrados del TC porque los partidos les quieren decir lo que tienen que votar

El acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional ha provocado indignación entre los magistrados que componen esa institución. Los jueces califican ese supuesto pacto-que incluye el rechazo de los socialistas a que Andrés Ollero presida la institución, según información que este miércoles publica El País-de «menosprecio absoluto», según fuentes consultadas.

Los cuatro magistrados que toca renovar tienen que ser elegidos por el Senado y pueden ser propuestos por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, que ya están comenzado a hacer llegar sus propuestas a la Cámara Alta. No obstante, al presidente- el actual, Francisco Pérez de los Cobos, es uno de los que acaban mandato- lo deben votar los magistrados del Constitucional, y este es el principal motivo de enfado entre los jueces, ya que aseguran que nadie les ha consultado.

El veto a Ollero ha indignado a buena parte de la magistratura, además, porque incumple una norma no escrita en la institución, como que el designado sea uno de los miembros del Tribunal de más antigüedad, como es el caso. La justificación desde el PSOE es su vinculación con el PP, partido del que fue diputado.

El proceso de renovación que afecta a cuatro magistrados- Francisco Pérez de los Cobos, Adela Asúa, Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega- comenzó el pasado mes de diciembre y el plazo para que las autonomías envíen las propuestas aprobadas por sus respectivos Parlamentos se cierra el 10 de febrero, después de haber experimentado dos prórrogas.

El acuerdo ha sido negado públicamente por PP y PSOE, aunque fuentes internas de ambos partidos, consultadas por OKDIARIO, ya dan varios nombres por cerrados. La catedrática de Constitucional, María Luisa Balaguer, propuesta por el PSOE en el Parlamento de Andalucía, y experta en igualdad y política territorial, se da por segura al contar con el apoyo decisivo del socialismo andaluz.

Un perfil laboralista

Por parte del PP, las propuestas de Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya tienen apoyo garantizado, sostienen estas mismas fuentes. De hecho, Montoya es la apuesta del actual presidente, que habría insistido en que la renovación incluyese un reconocido perfil laboralista. Catedrático de Derecho del Trabajo, su propuesta será pieza clave en una legislatura en la que la reforma laboral protagonizará los choques entre los grupos.

La duda afecta especialmente al cuarto magistrado. Aunque el acuerdo se pacta entre las dos formaciones mayoritarias, existe división sobre si esa plaza habría de reservarse a un juez «con sensibilidad vasca», y en ese caso cercano al PNV, como fue Asúa. Podemos, por su parte, ha propuesto a una candidata en la Comunidad Valenciana, aunque con pocas posibilidades de que prospere.

Presiones para que se respete la paridad

Otra corriente dentro de la magistratura presiona para que esa plaza la ocupe una mujer, a fin de lograr paridad en la renovación. Según las fuentes consultadas, «existe una presión fuerte» desde sectores del mundo jurídico para que así sea. El desequilibrio de género seguiría aún así siendo notable en la institución de los jueces ya que tan solo dos de los 12 magistrados serían mujeres.  Cualquier decisión respetará en todo caso la amplia mayoría conservadora de esa institución.

Desde el PSOE, el portavoz de la Gestora Mario Jiménez ha asegurado que los socialistas no han alcanzado «ningún acuerdo» con los ‘populares’ en este sentido. Jiménez ha explicado que los Parlamentos Autonómicos llevan desde diciembre proponiendo a sus candidatos, y ha emplazado al momento de la votación en el Senado, cuando «el PSOE hará valer sus votos, como no podría ser de otra manera».

«Evidentemente, el PSOE no tiene ningún acuerdo con el Partido Popular, como es obvio», ha asegurado el portavoz de la Gestora. Desde el Partido Popular niegan también que exista un entendimiento con los socialistas.