González controló desde 2007 todos los contactos del móvil de Cifuentes

Ignacio González investigó las llamadas de Cristina Cifuentes tras quedarse con el control de la operadora telefónica ICM, que gestionaba el servicio de móviles de la Comunidad de Madrid. Lo hizo tras las elecciones de 2007 y en plena ola de desconfianza por los movimientos de Cristina Cifuentes, según ha declarado ante el juez Francisco Granados.

ICM siempre había dependido del Departamento de Hacienda del Gobierno madrileño. Pero, a partir de 2008, esta entidad pasó a estar bajo el control de Vicepresidencia, el departamento que comandaba Ignacio González. La versión de Granados se completa con el hecho de que esta entidad tiene el registro de las llamadas y mensajes de cada uno de los empleados de la Comunidad de Madrid que operan con móviles corporativos. Uno de ellos, evidentemente, era el de la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes.

Ignacio González quería tener el control de con quién contactaba y mantenían conversaciones. Quería tenerla bajo supervisión.
En aquella época se encontraba al frente de ICM José Martínez Nicolás, Borja Sarasola pasó a ser vicepresidente y José de la Uz entró como consejero.

Ignacio González tenía más motivos para querer tener el control pleno de ICM. Y es que se trata de una de las patas necesarias para entender la red de facturas falsas y envío de fondos públicos al PP que describe la Guardia Civil.

Uno de los informes de la UCO presentados en el caso Lezo apuntaba lo siguiente: «Lo aquí investigado no se trata de un hecho aislado, sino que se viene produciendo desde las elecciones que tuvieron lugar en el año 2007, siendo este un punto más de esta continuidad». El punto en concreto al que hace alusión este informe es la petición de un millón de euros que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama Lezo, solicitó a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la región (ICM), cuyo consejero delegado era José Martínez Nicolás.

La solicitud del millón era «para sanear las cuentas» del PP madrileño y se efectuó en una reunión el 7 de junio de 2012. Los fondos llegaron, por medio de empresas vinculadas de forma directa o indirecta con proveedores del PP y ascendieron a 687.497,58 euros, según las investigaciones de la Guardia Civil.

El informe de la UCO en la investigación de Púnica redunda en este punto: que el PP de Madrid manejó una contabilidad B de gastos electorales para superar los límites de gasto. Y es en ese punto donde, precisamente, las anotaciones del ex gerente, Beltrán Gutiérrez, citan como un nuevo origen, directo o indirecto, de fondos a la agencia ICM, que, casualmente, empezó a partir de 2008 a depender de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional dependiente de Ignacio González.

La conexión entre Púnica y Lezo se repite, de este modo, en el «entramado empresarial que servía a la puesta en práctica y enmascaramiento de servicios de campaña», tal y como describen la trama los investigadores judiciales que analizan el periodo 2007 y 2013. Los investigadores incluyen en esta entramado a Swat, además de a la multinacional Indra principalmente a través de ICM. Los investigadores consideran que las relaciones con Indra fueron utilizadas, a través de contratos inflados, para pagar deudas del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011.

Imputados los administradores de Swat

Y, de nuevo, esta misma semana se ha conocido la decisión del juez de Púnica de imputar a los que fueran administradores de Swat, una agencia de publicidad a la que la Guardia Civil le concede el papel de designar con quién se hacían facturas falsas para liberar fondos que acababan en el PP madrileño. La imputación en Púnica sucede tras declarar Francisco Granados que las visitas esa empresa para coordinar el mecanismo de financiación al PP las hacían Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ana Isabel Mariño.

La diligencia del juez de Púnica -adelantada por OKDIARIO- señala en un párrafo que se «emplaza a Jaime Ignacio González González [el ex presidente de la Comunidad de Madrid], Juan Miguel Madoz Echevarría[administrador único de Swat SL], José Miguel Alonso Gómez [ex administrador único de Swat SL]» y otras cuatro personas: el hijo del ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, José Ángel Martínez Ferreiro; Ana María Paloma Ferreiro Rubira; la administradora de la empresa inmobiliaria Dos Tres S.L., María de los Ángeles Monje Gutiérrez; y el apoderado de la empresa Construcciones Arranz Acinas S.A. y consejero de Dos Tres S.L., Jesús Arranz Monje.

Es más, en su declaración tras ser arrestado por la operación Púnica, Martínez Nicolás afirmó que en 2014 solicitó 120.000 euros a Indra, a petición de Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia, cuyo destino debía ser pagar a empresarios que ayudaban, entre ellos a Alejandro de Pedro, experto en reputación digital y relacionado por la Guardia Civil con Púnica.

El movimiento de dinero entre Indra e ICM fue de 16,16 millones de euros en 2011; 13,24 millones en 2012 y de 15,07 millones en 2013. Un dinero, que , por otra parte, se movía por medio de contrataciones con empresas ligadas, entre otros, a Juan Miguel Madoz Echeverría, casualmente el que acaba de ser imputado en Púnica tras la declaración de Granados. Para Madoz Echeverría eran 90.000 euros de los que Martínez Nicolas pidió a Indra, según los agentes.