El hermano de Sánchez llega por la puerta de atrás para ser juzgado por prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a la Audiencia Provincial de Badajoz por la puerta de atrás y sin dirigirse a los medios de comunicación, en el inicio de un juicio histórico que dirimirá si su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que entonces denunció Podemos constituyó un caso de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Once acusados se sientan hoy en el banquillo en una vista oral que, de cumplirse el calendario previsto, se extenderá hasta el próximo 4 de junio.

El juicio arranca a las 10:00 horas con las cuestiones previas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, bajo la dirección del magistrado ponente Emilio Serrano. Decenas de periodistas y cámaras de todo el país se han acreditado para seguir un proceso que se ha convertido en uno de los más mediáticos de la legislatura.

Entre los once investigados figura también Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, quien ostentaba la presidencia de la institución provincial cuando se produjo la contratación controvertida. Todos ellos enfrentan cargos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La sesión de este jueves está prevista que se prolongue hasta las 14:00 horas. Este viernes, día 29, se celebrará una segunda sesión de cuestiones previas en idéntico horario, tras la cual el juicio quedará en suspenso hasta el lunes 1 de junio.

Juicio al hermano de Sánchez

El origen del caso se remonta a 2017, cuando la Diputación de Badajoz contrató a David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la institución provincial. Podemos y diversas asociaciones denunciaron que el puesto había sido creado a medida y sin funciones claras.

La causa se inició formalmente en mayo de 2024, cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia, a la que fueron sumándose posteriormente el resto de las acusaciones populares.

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso, concluyó que la plaza se creó exclusivamente para el hermano del líder del PSOE. Según la instructora, David Sánchez aprovechó además su posición en la institución para favorecer la contratación de Luis María Carrero, un asesor de La Moncloa que le llamaba «hermanito» en los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil. Carrero fue el único candidato al puesto que finalmente obtuvo. Como desveló OKDIARIO ya trabajaba desde Moncloa a las órdenes del músico que ocultaba su apellido bajo el pseudónimo David Azagra.

En su declaración ante la juez instructora en enero de 2025, David Sánchez aseguró, hasta en diez ocasiones, no recordar los detalles de su trabajo como alto cargo de la Diputación. No recordó su entrevista de trabajo, ni quién realizó sus funciones durante su excedencia, ni la ubicación exacta de su oficina. Una amnesia judicial que llamó poderosamente la atención durante la instrucción. Los emails sí demuestra que algo sí hacía, pero en unas condiciones de teletrabajo del que no disfrutaban el resto de funcionarios

El propio acusado había admitido en su proyecto de acceso al cargo que algunas funciones del puesto no formaban parte de su «contexto habitual de trabajo», aunque añadió que no tenía «problema alguno en aprender y modificar» su propuesta. Entre esas funciones figuraba la dirección de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y la Orquesta de Cámara.

Según documentación oficial de la Diputación de Badajoz a la que han tenido acceso diversos medios, David Sánchez cobró una nada desdeñable cantidad de 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, primero como coordinador de los conservatorios y después como jefe de la oficina de artes escénicas.

Testigos y acusados

A partir del lunes 1 de junio, el juicio entrará en la fase testifical, con sesiones de mañana y tarde entre las 10:00 y las 21:00 horas. Pasarán por la sala hasta 34 testigos, entre ellos directores de conservatorios de música, aspirantes a la plaza que obtuvo David Sánchez, miembros de sindicatos y partidos políticos, nueve agentes de la Guardia Civil y el propietario de un piso de alquiler por el que el hermano del presidente se interesó.

El 4 de junio, si el calendario no sufre modificaciones, será el turno de los once acusados, incluido el propio David Sánchez, quien ya tuvo dificultades para ser citado al proceso: la Audiencia no conseguía localizarle porque el domicilio que obraba en las actuaciones era el del despacho de su abogado. Finalmente, el acusado compareció personalmente el 26 de febrero para recoger la citación.

Siete acusaciones populares ejercen la acción penal: el Partido Popular, Vox, Manos Limpias, HazteOír, la Fundación Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Asociación Liberum.

Estas organizaciones han solicitado tres años de prisión y doce de inhabilitación para David Sánchez.

La Fiscalía, en cambio, pide la absolución de todos los investigados, una divergencia abismal entre ambas posiciones que augura una vista de considerable intensidad jurídica.

El proceso llega a la vista oral con toda su carga política y rodeado de una notoriedad sin parangón. Lo que comenzó como una denuncia por presunto enchufismo en una diputación provincial ha derivado en el juicio más incómodo para La Moncloa de la legislatura. La justicia, que ya tiene fecha, también tendrá pronto una respuesta.