La Guardia Civil halla pruebas contra varios jefes de ETA por atentados de los que escaparon sin condena

La Guardia Civil ha elevado un informe al titular del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, con pruebas de la implicación de la cúpula de ETA en atentados por los que no fueron juzgados. Así, establece la responsabilidad de José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; y María Soledad Iparraguirre, Anboto, por haber planificado, dirigido, gestionado y ordenado acciones terroristas de carácter relevante llevadas a cabo por la banda con el objetivo de multiplicar su visibilidad.

Para la Benemérita, la ideación, planificación, coordinación, trabajos de información y de medios materiales de las acciones y finalmente su autorización para llevarlas a cabo correspondió a la dirección de la banda y no a la iniciativa de los comandos que las ejecutaron, hechos por lo que podrían ser responsables penales.

Según el informe policial requerido por García-Castellón después de admitir a trámite una querella  presentada por la Asociación Dignidad y Justicia, para la dirección de la banda terrorista, el hecho de atentar contra los políticos y concejales comenzó a ser un objetivo prioritario de la banda terrorista a partir de julio de 1993.

El informe de la Guardia Civil establece que además de los autores materiales en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, existen otros elementos documentales que establecen la necesaria participación en la acción, en calidad de principales inductores y de garantes de su materialización, de los miembros del comité ejecutivo de ETA, por lo que podrían ser nuevamente condenados por su autoría intelectual.

La dirección de ETA consideró atentar contra políticos y concejales un objetivo prioritario de la banda terrorista a partir de julio de 1993. Así, para la Guardia Civil, las acciones terroristas que eran cometidas por los comandos armados de ETA no eran sino el reflejo del diseño de la estrategia a seguir en cada momento en el seno de su denominado Comité Ejecutivo, por lo que es en la cúpula terrorista de donde salen las instrucciones sobre qué acciones terroristas a cometer en función de la citada estrategia de terror. Esta estrategia se organizó después del golpe policial que supuso la detención de la dirección de ETA en Bidart (Francia) en marzo de 1992, con el fin de lograr una nueva estrategia orientada a provocar la confrontación constante con el Estado a todos los niveles, de forma que lo desestabilizara con mayor intensidad que la soportada hasta entonces.

El informe de la Guardia Civil se enmarca en el proceso 9/1997 instruido por el Juzgado de Manuel García Castellón acerca del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que ya fueron condenados como autores materiales los terroristas Txapote y Nora. Pero extiende su información al relacionar el asesinato del edil de Ermua con el asesinato en enero de 1995 del concejal de San Sebastian Gregorio Ordoñez, el intento de asesinato de Juan Carlos I en Mallorca en agosto del mismo año y en Bilbao en 1997, el asesinato del socialista Fernando Múgica en febrero de 1996 o el secuestro del funcionario de prisiones José Manuel Ortega Lara en enero de 1996, de cuya liberación se cumplen ahora 25 años, así como el intento de secuestro para su posterior asesinato del concejal andaluz del Partido Popular Pezzi Ceretto en 1998.

Para la Benemérita, el análisis de estas acciones terroristas ejecutadas, intentadas o al menos planificadas llevadas a cabo por ETA fueron de evidente importancia cualitativa y buscaban el objetivo de generar el mayor impacto y repercusión de su materialización en el ámbito político y social, y pone de manifiesto la necesaria participación en las mismas del comité ejecutivo de ETA, en lo referente a su ideación, planificación, coordinación, facilitación de información y de medios materiales, y finalmente autorización para llevarlas a cabo. Esta investigación de la Guardia Civil podría llevar a los citados a hacer frente a nuevas responsabilidades criminales.