La Guardia Civil advirtió que los CDR que amnistiará Sánchez copiaban «técnicas de ETA»

La Ley de Amnistía que ha sido registrada por el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez incluye los delitos de terrorismo, lo que afectaría a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a los que el juez envió a juicio a principios de noviembre y sobre los que la Guardia Civil advirtió que usaban técnicas «similares a las de ETA». Los 12 beneficiados por la amnistía fueron procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y parte de ellos también por tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

En 2019 -antes de su detención- la Guardia Civil elaboró un detallado informe sobre el modus operandi de los CDR procesados por terrorismo, que ahora amnistiará Sánchez. Se trata de los integrantes del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical de los CDR que buscaba la independencia de Cataluña, «empleando para ello la violencia en su máxima expresión», según concluyeron los investigadores. En sus informes, la Guardia Civil apuntó incluso que estos separatistas disponían de un «núcleo productor» encargado de elaborar y producir materiales explosivos o incendiarios para ejecutar acciones de «imprevisibles resultados», que podrían llegar a causar «víctimas mortales y grandes daños materiales» para «desestabilizar gravemente» al Estado español. Y «todo ello, en clara similitud de técnicas y procedimientos con respecto a históricos grupos terroristas que actuaron en este país, como ETA y Terra Lliure».

Amnistía para el terrorismo de los CDR

La Ley de Amnistía diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los separatistas intenta camuflar la amnistía para los delitos de terrorismo, pero en la práctica sí beneficiará a los CDR. En detalle, el articulado determina que quedarán «excluidos» de la amnistía los «delitos de terrorismo», pero -y aquí el matiz fundamental- «siempre y cuando haya recaído sentencia firme». Ningún proceso por terrorismo vinculado al proceso separatista catalán tiene sentencia, por lo que la ley implicará el archivo del procedimiento judicial contra estos radicales.

En el informe que fue remitido a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil describió de forma minuciosa la organización para concluir que estos integrantes de los CDR formaban un grupo «fuertemente organizado y clandestino», con un aumento manifiesto de la radicalidad de los actos perpetrados.

Todas las acciones que preparaban los detenidos iban encaminadas a conseguir o facilitar «el fin último de proclamar la república y conseguir la independencia de Cataluña». El grupo, según las pesquisas, estaría confeccionando explosivos como la termita y disponía de notas manuscritas con instrucciones para elaborar cloratita, «ampliamente utilizado por grupos terroristas debido a lo sencillo que es de confeccionar». Según la Guardia Civil, los detenidos -y ahora procesados- preparaban sustancias explosivas «virulentas» para cometer sus acciones «sin ningún género de dudas». Varios de los ahora procesados formaban parte del «grupo productor», encargado de hacer ensayos con esos materiales y, según la Guardia Civil, eran perfectamente conocedores de su peligrosidad.

Según el relato judicial, los CDR «se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo» durante el proceso separatista -como los cortes de carreteras- «a un nivel superior».

Su plan era configurar «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares». Entre sus objetivos figuraba el Parlament, la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Dos meses

Todas estas actuaciones, en cambio, serán amnistiadas gracias a la ley que en unos meses aprobarán Sánchez y sus socios.

La ley impone que la «amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal», y, en su artículo 10 avisa, además, de que la tramitación será «preferente y urgente (…) cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento». «Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos».