Grietas en el cuartel de la Guardia Civil que levantó por 5,9 millones la empresa que contrató a Jésica

El cuartel de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) presenta grietas y humedades después de haber sido construido por Tragsa, la empresa presidida por Jesús Casas Grande que contrató y pagó a Jésica Rodríguez sin trabajar, ex novia del ex ministro José Luis Ábalos. Sin embargo, no se han exigido responsabilidades a Tragsa.

Como ha revelado recientemente OKDIARIO, Jesús Casas hizo campaña por el PSOE en las elecciones europeas de 2009, y ostenta la presidencia de Tragsa desde julio de 2018, justo tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

«La Guardia Civil tiene que comerse las grietas del cuartel de Baeza. No reclamará a la empresa constructora las deficiencias del acuartelamiento», denuncia en declaraciones a OKDIARIO un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

«Los agentes deben trabajar en unas instalaciones con falsos techos que han de ser retirados porque se caen, con grietas que no paran de crecer o con marcos de las puertas que se descuelgan mientras no se exige la reparación de esas deficiencias o se arregla con presupuesto propio», critica indignado Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Y agrega: «¿Cómo es posible que no se disponga de dinero para esas reparaciones mientras escuchamos en los medios conversaciones de quienes gestionan dinero público hablando de mordidas millonarias?».

Esta asociación nuestra su rechazo feroz a que la UCO quede en manos de la Fiscalía porque el Gobierno, que «tiene abandonados a los guardias civiles, ahora quiere tenerlos sumisos», según ha denunciado en OKDIARIO el secretario general de la AUGC, Juan Fernández Hernández. «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», sostiene. Como avanzó en exclusiva este diario, el pasado miércoles se concentró junto al SUP ante los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), acompañando a jueces y fiscales en su histórico paro, para apoyar a la UCO».

El caso, al detalle

Fue en febrero de 2009 cuando Interior encargó a Tragsa que levantara este nuevo cuartel por 5.914.006,37 euros, impuestos incluidos. Tras la entrega de la obra, en diciembre de 2012, se observaron una serie de deficiencias y daños. Ante ello, la obra fue visitada por un técnico, junto a representantes de Tragsa y personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

Tras ello, el servicio de contratación propuso la posibilidad de iniciar un expediente de declaración de responsabilidad por vicios ocultos. Transcurridos varios años de esa decisión y a la vista de que las reparaciones habían sido «mínimas» y existían «grietas importantes en las instalaciones que continuaban abriendo», la AUGC solicitó en noviembre de 2021 al Portal de Transparencia información sobre el estado en el que se encontraba el posible expediente por vicios ocultos. 

En su escrito desplegó una batería de preguntas y pidió tener acceso a la totalidad del expediente de la licitación de la obra de construcción, así como conocer el coste de la misma una vez finalizada, la empresa a la que se adjudicó y el nombre de la mercantil o persona que llevó la dirección de la misma (arquitecto, aparejador, etc.).

También preguntó desde cuándo se empezaron a detectar grietas y las medidas adoptadas por la Administración para exigir la reparación de los daños y la garantía de la estabilidad de la construcción, con indicación de la fecha en la que se inició cada una de esas medidas.

La respuesta llegó en febrero de 2022. La Guardia Civil informó que en julio de 2021, el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior acordó iniciar dicho expediente. Sin embargo, no explicó las medidas adoptadas por la empresa para subsanar las deficiencias ni el coste o presupuesto de las reparaciones y si las mismas iban a correr con cargo al Estado o de la adjudicataria. Una información que también había sido requerida por la asociación decana de la Guardia Civil.

A este respecto, la Benemérita alegó que «la información solicitada forma parte de un procedimiento en curso cuyo objeto es delimitar la responsabilidad por deficiencias y anomalías de una obra, y en donde el solicitante, de ostentar la condición de interesado podrá actuar conforme con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Al no ser parte interesada, no tenía acceso.

Archivado el expediente

El pasado 5 de mayo, la AUGC volvió a pedir explicaciones sobre este asunto, ya que el acuartelamiento «sigue con las grietas y humedades». Preguntó que si el resultado del expediente es favorable a la administración, que se indicaran las medidas acordadas para subsanar las deficiencias y por qué no se han solucionado hasta la fecha.

Si el resultado del expediente es favorable a la empresa, planteó qué hechos concretos motivan que ésta no deba responder por las deficiencias, así como las medidas que tiene previsto la administración para subsanar los daños que existen.

En una reciente resolución, fechada a 20 de mayo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el jefe del gabinete técnico ha informado a la AUGC que tras la incoación del expediente de vicios ocultos y «tras informe desfavorable de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior, se procedió al archivo de actuaciones, por lo que no se han exigido responsabilidades en este sentido a la empresa adjudicataria de la citada obra».

“Por tanto, la Guardia Civil tendrá que asumir, cuando los recursos económicos lo permitan, la reparación de las deficiencias”, critica Eugenio Nemiña Suárez. La AUGC no se aquieta con la respuesta dada. Según avanza a este diario, la próxima semana impugnará esta última resolución  ante el Consejo de Transparencia. Y no parará hasta que se amplíe la información y se ponga fin a estos vicios ocultos.