El Gobierno vasco PNV-PSOE infringió la ley para repartir 147 millones en 409 contratos, 378 a dedo

El Gobierno vasco tramitó, adjudicó y ejecutó irregularmente en 2021 un total de 409 contratos públicos por los que desembolsó 147,2 millones de euros. Las anomalías han sido detectadas por los auditores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las han reflejado en un informe recopilado por OKDIARIO. En él se detallan múltiples requisitos que incumplió la Administración PNV-PSOE que preside el nacionalista Iñigo Urkullu. Especialmente relevante es lo ocurrido con 273 adjudicaciones a dedo, encargos que se tramitaron indebidamente como contratos menores, saltándose en todos los casos la Ley de Contratos del Sector Público.

Hubo al menos 180 casos de contratos troceados, ilegalidad típica para esquivar la licitación pública dividiendo el importe total en pequeñas cantidades que pueden ser adjudicadas a dedo. Y otros 93 expedientes fueron adjudicados a dedo pese a ser de un importe que no permitía esa contratación directa.

Con esas dos irregularidades sistemáticas, el Gobierno vasco repartió sin respetar la ley 8 millones de euros en 2021: 7,1 millones con la maniobra del fraccionamiento contractual y 995.260 euros con los expedientes que se dieron a dedo pese a tener que haber sido licitados para permitir que compitieran otras empresas.

Informe demoledor

Todas esas irregularidades en la contratación del Gobierno vasco han sido detectadas por los auditores al inspeccionar la gestión realizada en 2021 por el Ejecutivo PNV-PSOE que preside Iñigo Urkullu.

El informe incluye afirmaciones tan demoledoras como la que censura la existencia de esos 93 contratos falsamente menores, adjudicados a dedo, «de forma directa cuando, por su importe, hubieran requerido la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación, que debería haber sido, como mínimo, el abierto simplificado abreviado».

En esta infracción de la Ley de Contratos del Sector Público incurrieron múltiples departamentos del Gobierno vasco, incluyendo la oficina del propio presidente Urkullu. En concreto, la Lehendakaritza se saltó la ley en la adjudicación a dedo de siete contratos que tendría que haber sacado a licitación para que hubieran podido concursar otros proveedores.

Lista de infractores

La Consejería de Cultura y Política Lingüística, que dirige Bingen Zupiria (PNV), cometió la misma infracción en 40 adjudicaciones a dedo. Treinta veces la cometió, en otros tantos contratos, la Consejería vasca de Educación que lidera Jokin Bildarratz, también del PNV. El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de la nacionalista Nerea Melgosa, adjudicó irregularmente a dedo ocho contratos; cuatro la Consejería de Seguridad, que está en manos del vicelehendakari Josu Erkoreka (PNV); dos la Consejería de Salud dirigida por la nacionalista Gotzone Sagardui; y otros dos contratos fueron adjudicados al margen de la ley por la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno vasco, a cuyo frente está el socialista Javier Hurtado Domínguez.

Respecto a los 7,1 millones adjudicados a dedo a través de 180 contratos menores, cuando en realidad debían haber sido licitados de forma unitaria o agrupados por lotes, la responsable fue la Consejería de Educación del Gobierno vasco. Se trató en todos los casos de obras de características tan similares que, dada la «homogeneidad en el objeto del contrato», lo adecuado habría sido tramitarlas «de forma conjunta mediante procedimientos que garanticen la mayor concurrencia posible».

Asimismo, los auditores han detectado que en 2021 se tramitaron 15 contratos menores sin informes preceptivos, y en cuatro de ellos, además, «no se motiva la necesidad de la compra».

31 licitaciones anómalas

A todos esos casos se les suman otros 31 contratos, por un total de 139,2 millones de euros, que pese a haber sido adjudicados con licitaciones públicas, están manchados por infracciones legales. Por ejemplo, la Consejería vasca de Seguridad adjudicó por 3,2 millones de euros el suministro y mantenimiento en régimen de alquiler de impresoras y fotocopiadores, sin haber acreditado que se lo concedió a la empresa que había presentado la mejor oferta calidad-precio.

Otro ejemplo: en cuatro expedientes, adjudicados por 6,8 millones de euros, «se utilizan como criterios de adjudicación de los contratos criterios que son de solvencia técnica». Es decir, dieron puntos por considerar como mérito algo que es simplemente un requisito para poder concursar.

En otros cuatro expedientes, que sumaron 13,7 millones, se incluyeron modificaciones a los pliegos de adjudicación que infringieron la Ley de Contratos del Sector Público. En 11 expedientes, contratados por 50,5 millones, se sobrepasaron los plazos máximos de adjudicación; en cuatro expedientes por valor total de 17,2 millones no se reflejó correctamente el valor estimado del contrato; en dos adjudicados por 19,6 millones «se modificaron los pliegos sin proceder a la retroacción de las actuaciones»… La lista de anomalías suma y sigue.