El Gobierno también oculta a la ONU los muertos de la pandemia: «Los datos aún no están disponibles»

El Gobierno no facilitó a Naciones Unidas (ONU) información requerida sobre los fallecidos en residencias durante la pandemia. Así se desprende del informe ‘La protección de los derechos humanos durante y después de la Covid-19’, elaborado por varios relatores especiales del organismo internacional y cuyas conclusiones se elevarán al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.

En el cuestionario, a responder por las autoridades nacionales, se solicitaban «datos desglosados» sobre los infectados y fallecidos por coronavirus, con especial énfasis en aquellos que se encontraban en estos centros.

«Sírvase proporcionar datos desglosados por edad sobre las personas infectadas por el virus Covid y el porcentaje de ellas que viven en instituciones para personas de edad. Sírvase proporcionar datos desglosados por edad sobre las muertes causadas por el virus Covid- 19 y el porcentaje de ellas que se encontraban en instituciones para personas de edad», planteaba el organismo.

Sin embargo, el Ejecutivo se limita a responder que «los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de la Muerte no están todavía disponibles». Esta estadística, se explica, «proporciona información que permite cruzar la causa de muerte con las variables edad, sexo y lugar de ocurrencia de la defunción (centro sanitario, residencia socio-sanitaria, domicilio, etc». A continuación, se concluye destacando que «el último año disponible es 2018 » y remitiendo únicamente a un enlace web.

El Gobierno no ha aportado datos cerrados sobre los fallecidos en residencias. En julio, el Ministerio atribuyó esa opacidad a la escasa calidad de las cifras aportadas por las comunidades autónomas, y concluyó que, por entonces, los fallecidos oscilarían entre 27.359 y 32.843 fallecidos.

Datos del INE

La ONU reclamó también al Gobierno información de los «datos epidemiológicos sobre las infecciones por Covid-19, la recuperación y las tasas de mortalidad, desglosados por nacionalidad, raza, grupo étnico, religión, pertenencia a pueblos indígenas, edad, género, orientación sexual e identidad de género, niveles de ingresos/pobreza, discapacidad, estatus migratorio o situación de vivienda». «¿Qué grupos de su país se
han visto afectados de manera desproporcionada por Covid-19 y qué explicación tendría?», se plantea al Gobierno en el informe.

En la respuesta, el Ejecutivo asume las cifras del Instituto Nacional de Estadística que, sin embargo, son muy superiores a las que oficialmente admite según el balance de Sanidad.

«Los datos de mortalidad disponibles corresponden al estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estimación del número de defunciones semanales durante el brote de Covid-19 y su comparación con los datos históricos de defunciones desde el año 2000», indica el Ejecutivo en su respuesta.

Según los datos contabilizados por el INE, hasta el 11 de octubre habrían muerto en España 57.817 personas más que en el mismo periodo de 2019. Aunque no se detalla la causa de la muerte, la mayoría corresponderán, por lógica, a la enfermedad por coronavirus. Sanidad, en cambio, admite 35.878.

Opacidad

La cifra real de muertos de la pandemia es una de las grandes incógnitas de esta crisis, especialmente, por la opacidad del propio Ejecutivo.

Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad chocan con los aportados por las comunidades autónomas, que los elevan de forma considerable. Pero también con los propios organismos oficiales, como el INE. Todos ofrecen un cómputo mucho más elevado. La excusa de Sanidad es que el exceso de fallecidos no se puede atribuir en exclusiva al Covid. Sin embargo, no hay causa conocida, en estos meses, que haya podido provocar tal diferencia de defunciones con respecto a años anteriores.

Uno de los indicadores más frecuentemente citados es el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Ciencia- que recoge la información de los registros informatizados del Ministerio de Justicia (correspondientes al 93% de la población española).

Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada del 1 de enero de 2008 hasta un año previo a la fecha actual. Según los últimos datos, ese exceso asciende a 58.389 fallecidos, desde el 10 de marzo.

Por su parte, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof), en su ‘Estudio de mortalidad real en España por la pandemia por coronavirus’ -desde el 14 de marzo al 25 de mayo- cifró los muertos en 43.985.

El Ministerio de Sanidad se ha defendido afirmando que únicamente se contabilizan los casos confirmados mediante la realización de una prueba PCR. Esto ha provocado que, especialmente en los primeros momentos de la pandemia, no se hayan contabilizado numerosos decesos que tuvieron lugar en residencias o domicilios.

El Gobierno ha afirmado, en cambio, que el cómputo español es uno de los más transparentes y rigurosos. Pero esa contabilidad incumple los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya dejó claro que había que informar de aquellas muertes resultantes de una enfermedad clínicamente compatible con un caso de Covid probable o confirmado, «a menos que exista una causa clara alternativa de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad» por coronavirus.

Residencias

La incertidumbre sobre el número de fallecidos impacta especialmente en el caso de las residencias. Según reveló OKDIARIO, 36.505 personas fallecidas hasta agosto por Covid eran dependientes reconocidos o habían solicitado acceder a esta categoría y a sus ayudas. Esa cifra de fallecidos supone exactamente el 66,6% de todas las muertes por coronavirus hasta esa fecha.

Cabe recordar que el responsable de las residencias es el vicepresidente social, Pablo Iglesias, quien el 19 de marzo se puso al mando de los servicios sociales. Ante las críticas por la gestión de la crisis en estos centros, Iglesias negó esa responsabilidad y aseguró que correspondía a las comunidades autónomas.