El Gobierno sabía al menos un año y medio antes de aprobar el ‘sí es sí’ que habría rebajas de pena

El Gobierno conocía los riesgos de la Ley del sólo sí es sí pero, pese a ello, le dio el visto bueno en el Consejo de Ministros permitiendo que iniciase su tramitación parlamentaria. Ese Consejo de Ministros se celebró el 6 de julio de 2021, pero al menos desde abril el texto estaba ultimado. Por entonces, Igualdad y Justicia ya sabían que habría revisiones de condenas.

Como reveló OKDIARIO, durante la elaboración del proyecto, estos ministerios llevaron a cabo una revisión exhaustiva de sentencias para comprobar el impacto de la nueva norma. Y concluyeron que habría revisiones. La ley quedó definitivamente aprobada en el Congreso en agosto del año pasado, y entró en vigor el 6 de septiembre. Ese mismo día, un abusador sexual fue excarcelado al comprobar la Audiencia de Madrid que los hechos por los que fue condenado habían quedado despenalizados.

Desde entonces, el recuento de rebajas y excarcelaciones no ha dejado de crecer. Hoy ya son 1.127 los violadores, pederastas y abusadores sexuales beneficiados y 108 los que han podido salir anticipadamente de prisión, según el último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Supremo avaló el pasado miércoles las reducciones de condenas a delincuentes sexuales, en contra del criterio de la Fiscalía.

La versión de que el Gobierno desconocía las dramáticas consecuencias de la norma ha quedado totalmente desacreditada.

Para empezar, como reveló este periódico, Moncloa dirigió un informe a Igualdad en el que observaba con preocupación cómo las penas quedaban «sustancialmente reducidas» con la nueva ley. «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», concluía el Ministerio de la Presidencia.

En las reuniones entre Justicia e Igualdad, estos ministerios realizaron comprobaciones para estudiar al detalle las posibles revisiones. Concluyeron que hasta un 2% de las condenas podrían ser revisadas, una cifra muy inferior a la actual, pero que demuestra que eran conocedores de sus previsibles consecuencias.

Pese a esas consecuencias, ningún miembro del Gobierno ha asumido responsabilidades políticas. En su lugar, han culpado a los jueces por la «mala aplicación» de la ley debido a su «machismo».

La reforma promovida por el PSOE para elevar las penas no tendrá ningún efecto en los ya condenados, a los que se les aplicará la ley más favorable, como dicta el Código Penal: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».