El Gobierno reducirá el tiempo mínimo para que los inmigrantes puedan tener la nacionalidad

El PSOE pretende reducir el tiempo general de residencia exigido, diez años, para que los inmigrantes puedan lograr la nacionalidad española.

La propuesta de los socialistas en materia de inmigración apunta a «una reforma del acceso a la nacionalidad por residencia, que aporte una mayor coherencia entre la legislación de extranjería y el acceso a la nacionalidad por natualización».

Eso implica, según el PSOE, reducción del tiempo exigido de residencia para obtener la nacionalidad, diez años, por considerarlo «excesivo en derecho comparado y exorbitante para determinadas realidades sociales». «La reforma incluirá, asimismo, un procedimiento objetivado que haga imposible la valoración arbitraria de los requisitos sustantivos».

En la actualidad, la legislación establece distintos plazos para obtener la nacionalidad española por la vía de la residencia. En el contexto general, se establece como requisito que ésta sea de diez años de manera «continuada e inmediatamente anterior a la petición». Existen otros casos en los que ese tiempo se reduce. Por ejemplo, cinco años para quienes tengan la condición de refugiados o dos, para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Como publicó OKDIARIO, los socialistas quieren además “agilizar” la concesión de papeles por regularización familiar y arraigo a los inmigrantes que llegan a España.

La fórmula pretende «mejorar los procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones y renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar». Es decir, acortar los plazos para facilitar que los inmigrantes que alcancen las costas españolas se queden en España de manera definitiva.

Situación «de emergencia»

Pedro Sánchez se enfrenta en los últimos días a la primera crisis de la inmigración desde su llegada al poder. El Gobierno ha tratado de negar que exista preocupación ni que la situación esté desbordada, pero, internamente, la inquietud existe.

Así se constata en la resolución, revelada por este periódico, en la que se declara la «situación de emergencia» por la «llegada «masiva de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas, especialmente el arco sur (Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva)».

En cálculos del Ejecutivo, no se trata de un problema «temporal», sino que se prevé la llegada de unos 10.500 inmigrantes en los próximos tres meses. En la resolución se tramitan, por vía de urgencia, distintos contratos, por valor de 3,5 millones de euros, «para atender necesidades de alojamiento, manutención, limpieza y otras».

Los 55 millones de Europa no vendrán a España

Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, respondió este miércoles a una carta del Gobierno español en la que se le solicitaba ayuda «urgente» para responder a la crisis migratoria.

No obstante, los 55 millones de euros que Bruselas promete para paliar la actual crisis de inmigración están ya comprometidos en un programa en el que no participa España y “al menos la mitad” de esos fondos “irá para Marruecos”.

La carta, publicada en Twitter por el propio Juncker, habla de 55, los correspondientes al programa aprobado el 6 de julio para gestión de fronteras en Marruecos y Túnez.

El programa, en el que no participa España, se concentrará en dotar a estos países de capacidades y mantenimiento de equipos y lo aplicarán el Ministerio italiano del Interior —cuyo titular es el xenófobo líder de la Liga italiana Matteo Salvini— y el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), una organización internacional de 17 países entre los que no está España —sus miembros son todos países del este de Europa más Portugal.