El Gobierno presionó a los auditores del Estado para ocultar el caso de las mascarillas falsas de Illa

El Gobierno de Pedro Sánchez presionó con insistencia a los auditores del Estado para que ocultaran las múltiples irregularidades y anomalías que rodearon la mayor adjudicación de mascarillas durante la pandemia. Fue para la empresa catalana FCS Select Products S.L., a la que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, pagó 217 millones más IVA. Le reportaron a esa sociedad una inmensa fortuna. La empresa, desde entonces, oculta sus cuentas al Registro Mercantil. Se ha convertido en una sociedad fantasma. Como ha destapado en exclusiva OKDIARIO, tras este pelotazo FCS Select Products compró propiedades de lujo por valor de más de 30 millones de euros. Entre sus adquisiciones consta una gran nave industrial situada en La Roca del Vallés, donde Illa fue alcalde diez años y plaza fuerte del ex ministro y actual líder del PSC.

La encargada de presionar a los auditores fue Carolina Darias, sucesora de Illa al frente de Sanidad. Puso mucho ímpetu en exigir que los inspectores del Tribunal de Cuentas pasaran por alto esas anomalías. Lo hizo con extensas alegaciones en las que sorprende el tono utilizado: llegó a atacar la profesionalidad de los auditores y les abroncó por poner el foco en la multitud de irregularidades que bañaron esos privilegiados contratos.

Esas alegaciones, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, llevan la firma de Carolina Darias. Destilan un tono bronco contra los auditores del Tribunal de Cuentas. Pero éstos no se amedrentaron y, aunque aceptaron suavizar algunas de sus críticas, se negaron a plegarse a las pretensiones de Darias. Finalmente, las irregularidades más graves, que eran las que más preocupaban al Gobierno, fueron reflejadas en el informe de auditoría que emitió el Tribunal de Cuentas. Eso sí, vio la luz con retraso evidente: los contratos bajo sospecha se firmaron en marzo de 2020, y el informe definitivo de los auditores no fue aprobado por el órgano fiscalizador hasta el pasado 20 de diciembre.

Elogios a la empresa ‘fantasma’

En esas presiones de Carolina Darias, llama la atención que no sólo insistió para que se pasaran por alto las anomalías cometidas por Sanidad en la adjudicación, gestión y pago de esos contratos. También se esmeró con profusión en loar a la empresa que se benefició de esa fortuna asignada a dedo por el Ministerio con cargo a los fondos del Estado. Es una sociedad fantasma, que oculta sus cuentas al Registro Mercantil desde que se hizo de oro con Illa.

Está probado que FCS Select Products no tenía experiencia en comercializar mascarillas; también que la dirigía una condenada por estafa, Mayra Daga; y es tan notorio como notable el incumplimiento reiterado de los plazos de entrega del material que se le encargó, sin que eso le conllevara penalización alguna. Cobró la fortuna en su integridad, incluso 3,19 millones más IVA que el Ministerio de abonó por 7,5 millones de mascarillas que tuvieron que destruirse «al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública».

Pese a tal cúmulo de evidencias, Darias intentó que los auditores ignoraran el hecho de que se había elegido a dedo a una empresa sin solvencia técnica para beneficiarla con el mayor contrato que asignó el Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Darias llegó a reprender a los auditores, a los que acusó veladamente de que mentirían si se atrevían a poner en evidencia la inexperiencia de esa empresa. «Es inexacto que su solvencia económica y técnica no esté acreditada ni fuera comprobada», defendió Darias. Y llegó a elogiar a FCS Select Products destacando que «su seriedad y capacidad para ejecutar las prestaciones de los contratos recibió valoración positiva tras la realización de diversas consultas».

Pero los auditores del Tribunal de Cuentas no tragaron con las pretensiones de la sucesora de Illa en el Ministerio de Sanidad y, en su informe final, han hecho constar lo evidente, que poco o nada tiene que ver con la versión que Carolina Darias pretendía que reflejaran. A FCS Select Products el Gobierno le compró 508 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas protectoras por un total de 217 millones de euros más IVA sin que constara, en tiempo y forma, una acreditación de su solvencia. Lo que vino después fue un incumplimiento flagrante de los plazos de entrega y de la calidad del material suministrado, sin merma alguna de ingresos para el contratista.

La versión del Gobierno no coló

Como subrayan los auditores, la empresa beneficiada se dedica a un «aspecto ajeno a la necesidad que motiva la contratación y a la naturaleza del suministro» que le adjudicó Sanidad. Y destacan: «Su solvencia técnica no está acreditada ni consta que fuera comprobada». La versión del Ministerio no cuela. Dijo Darias que se habían hecho «consultas» para comprobar la solvencia de FCS Select Products, pero los auditores desmontan la coartada gubernamental: «No se ha remitido documentación de dichas consultas», y las que llegaron «son de fecha posterior a la firma de los contratos con dicha empresa adjudicataria». Demoledor.

Que Carolina Darias fuera la encargada de firmar estas alegaciones ante el Tribunal de Cuentas no es extraño, puesto que ella estaba al frente del Ministerio de Sanidad cuando los auditores investigaron esos contratos. Lo que sí resulta extraño es el tono utilizado, la presión con la que intentó doblegar la opinión de los auditores y el denodado esfuerzo que empleó para elogiar a la empresa beneficiada, FCS Select Products, usando incluso argumentos que se han demostrado falsos. Como cuando, en las alegaciones, Carolina Darias asevera que esa sociedad cumplió «íntegramente y a satisfacción», cuando en realidad tuvieron que devolverse numerosos cargamentos y otros incluso fueron destruidos por inservibles. Eso sí, sin que eso mermara lo más mínimo el dinero que el Ministerio de Sanidad le garantizó a esta empresa radicada en Barcelona y cuya fortuna tiene ramificaciones en el pueblo en el que nació Illa y donde lanzó su carrera política, tras ser su alcalde durante diez años.