El Gobierno prefiere la Ley de Seguridad Nacional al 155 para controlar a los Mossos y frenar a los CDR

El Gobierno de España valora cómo devolver la calma a Cataluña tras la escalada de violencia vivida este fin de semana. Y, sobre todo, de cara a los próximos días, cuando los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) preparan movilizaciones para colapsar Cataluña con motivo del Consejo de Ministros que Pedro Sánchez celebrará el próximo 21-D en Barcelona.

Al Ejecutivo de Sánchez le preocupa la creciente tensión en las calles, que se verá agraviada con el inicio del juicio del 1-O. Por este motivo quieren poner freno a escenarios de mayor violencia, antes de que sea demasiado tarde. Al Gobierno ve con especial preocupación la pasividad con la que actúan los Mossos d’Esquadra, sobre todo después de que el propio jefe de la policía de la Generalitat, Quim Torra, criminalizara a los agentes por repeler a algunos de los más radicales en una manifestación contra VOX.

En este sentido, una de las opciones que tiene el gabinete de Sánchez sobre la mesa es la aprobación por Real-Decreto de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, más conocida como Ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre del 2015 bajo gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de todos los partidos menos los nacionalistas.

Se trata de una norma cuyo objetivo es «proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales».

Lo que implica el Real-Decreto

Con esta ley, el Presidente del Gobierno tomaría el control de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y podría dar órdenes a los Mossos, además de ordenar el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. En el título preliminar de la ley deja claro que su activación afecta a todas las administraciones del Estado, sean de ámbito nacional o autonómico.

Es una medida fácil de activar, ya que solo hay que publicarla en el Boletín Oficial del Estado tras su adopción mediante una reunión del Consejo de Ministros. Una vez activada, España entraría una situación excepcional de crisis y el Presidente sería la persona responsable de coordinar todas las administraciones que tienen competencias en materia de seguridad, en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, tal como se refleja en el artículo dos de dicha ley.

En dichas reuniones, según recoge el texto, también participarán los responsables de la Comunidad afectada. Además, deberá informar al Congreso de los Diputados de las decisiones adoptadas en todo momento.

En el PSOE hay quién ya reclama a Sánchez que adopte esta medida con carácter urgente -requiere de un Consejo de Ministros y el jefe del ejecutivo se encuentra de viaje fuera de España-, ya que además de garantizar la convivencia en Cataluña, consideran que les daría réditos electorales.