El Gobierno de Sánchez vulnera la Ley: suma ya medio año sin someterse al control parlamentario

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue esquivando el control del Congreso y del Senado y pretende seguir haciéndolo en las próximas semanas. Ello, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2016, que recordó que, de acuerdo a la Ley Fundamental, el Ejecutivo en funciones -entonces de Mariano Rajoy- estaba obligado a someterse al control de las Cortes. En la sentencia, los magistrados dieron la razón a la oposición de PSOE y C’s, y consideraron que el Gobierno del PP «menoscabó la atribución constitucional» de la Cámara al no comparecer e informar de su gestión. El Gobierno excusaba entonces que la Ley Fundamental le amparaba por encontrarse en funciones.

El Constitucional determinó que negar a las Cortes el control «afecta al equilibrio de poderes» y advirtió de que «el hecho de que un Gobierno esté en funciones no impide esa función de las Cámaras, en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad y ésta no puede quedar exenta del control de las Cortes».

El PP alegaba que puesto que el Congreso no había dado su confianza al Gobierno al no investir como presidente a Rajoy, no tenía que someterse a control. Ese control, avisaron los magistrados, es una atribución propia de las Cortes y «no puede verse limitada más que allí donde la Constitución así lo ha entendido preciso».

El PSOE criticó a Rajoy

El conflicto institucional comenzó cuando Pedro Morenés, titular de Defensa, se negó a comparecer en el Congreso, a petición del PSOE, para informar sobre la reunión de la OTAN, celebrada en febrero de 2016. El Ejecutivo rechazó comparecer y el Congreso acudió al Constitucional. El entonces presidente de esta Cámara, Patxi López, recordó entonces al Gobierno del PP la Ley 50/1997 del Gobierno, artículo 26.2, que establece: «Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales». El entonces portavoz socialista, Antonio Hernando, consideró «insólito» que el Gobierno «se declare en rebeldía respecto al Congreso».

Lo cierto es que los grupos llevan semanas pidiendo ese control. La semana pasada, el senador del PP, Rafael Hernando, solicitó la comparecencia del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, para que explique, entre otros, «los continuos retrasos» en las obras del AVE Almería-Murcia y «las numerosas averías» que afectan a conexiones con Madrid. Además, registró una pregunta pidiendo explicaciones «sobre el retraso acumulado de más de ocho meses del plan inicial y el cronograma establecido por el Ministerio de Fomento hace casi tres años».

Ya finales de mayo, Hernando instó en la Mesa del Senado a constituir las comisiones y establecer un calendario de plenos «cuanto antes» para poder celebrar sesiones de control al Gobierno en junio, algo que no ha ocurrido.

Batet sigue retrasando las comisiones

El pasado 5 de junio, PP y C’s reclamaron a la Mesa del Congreso la puesta en marcha de las comisiones parlamentarias para la comparecencia de miembros del Gobierno. Fuentes de la presidencia del Congreso alegaron entonces que las comisiones «no se pueden crear hasta que se crean los nuevos ministerios».

Según datos de la Presidencia, «hasta ahora se han admitido a trámite 335 preguntas, 19 solicitudes de informe y tres solicitudes de comparecencia. «La Mesa no ha inadmitido ninguna iniciativa de control por estar el Gobierno en funciones», alegan. Sin embargo, ni se han convocado sesiones plenarias ni tampoco hay intención de que las comisiones se constituyan.

Este martes, Batet aprovechó su comparecencia para informar de la fecha del debate de investidura para avanzar que su voluntad es constituir la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ostenta la representación de la Cámara en vacaciones, después de la primera votación, el 23 de julio.

Pero no hay atisbo de comisiones. La socialista se ha defendido de las críticas por mantener bloqueado el Congreso en que las formaciones estaban ocupadas en las elecciones municipales y autonómicas. «Eso ha supuesto que los partidos estuvieran cerrando acuerdos en esos otros niveles de gobierno y también se da la circunstancia de que los resultados de las elecciones no han ofrecido una mayoría absoluta. Cuando esto pasa, siempre la investidura se produce con más celeridad que cuando hay que dialogar y conseguir consensos y sumar votos para que esa investidura fructifique», ha tratado de rebatir.