El Gobierno obligará a los pueblos a cambiar de nombre si hacen alusión a Franco o al Caudillo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que forzará a los pueblos que todavía utilizan un nombre con alusiones al dictador Francisco Franco o a su sobrenombre (El Caudillo) a eliminarlo. Así se ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El ex presidente de Canarias ha aprovechado este Consejo de Ministros para presentar un balance de los tres años de aplicación de la Ley de Memoria Democrática. A su vez, también ha anunciado que se ha aprobado el real decreto para la «confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática».

El ministro ha asegurado que «quedan unos 4.000 vestigios, viviendas sociales, edificios religiosos» que incumplen con la Ley de Memoria Democrática. Entre esos elementos, ha detallado que hay «pueblos con denominaciones» que tienen «que ver con todo lo que fue la dictadura» franquista. Y ha explicado que «indudablemente, con este catálogo serán eliminados».

En España aún quedan seis municipios con denominaciones que aluden a Franco. Tres mencionan directamente al dictador o su sobrenombre: Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz). Por otro lado, Alcocero de Mola (Burgos) se refiere a Emilio Mola, militar conocido como «director» del golpe de Estado de 1936 que inició la Guerra Civil. Asimismo, Quintanilla de Onésimo (Valladolid) menciona a Onésimo Redondo, un líder falangista, y San Leonardo de Yagüe (Soria) cita a Juan Yagüe, general del ejército franquista y ministro del Aire con Franco.

Una «comisión técnica»

Para cumplir con ello, Torres ha informado que se han solicitado informes a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como al Ministerio de Cultura, de Ernest Urtasun, y a la cartera para Transformación Digital y de la Función Pública, encabezada por el socialista Óscar López, y el Consejo de Estado.

Para elaborar este listado de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática se constituirá una «comisión técnica» compuesta por 15 miembros, estará presidida por «expertos, historiadores» y contará con la participación de representantes de la FEMP y de las comunidades autónomas. Y, tal y como ha detallado Torres, «el lunes designará a las personas que formarán parte de la comisión». Ésta se reunirá cada dos semanas.

El ex jefe del Ejecutivo canario ha detallado que estas retiradas «puede ser solicitadas por la administración pública, ciudadanos y asociaciones». Y ha aclarado que el vestigio que incumpla con la ley de memoria o bien «deberá ser eliminado y no podrá ser mostrado bajo ningún caso» o, por otro lado, también ha explicado que «cabe la resignificación cuando tenga un valor determinado». Es decir, que aquellos bienes que estén protegidos tendrán que mantenerse pero adaptando el lugar o el elemento para que se explique su origen.

Abuelo franquista de Sánchez

Todo ello llega después de que OKDIARIO desvelara que Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Sánchez que fue denunciado por desertor del bando republicano y se pasó al bando nacional en la Guerra Civil, llegando a ser condecorado. El antepasado del líder socialista declaró que se alistó voluntario en el Ejército de Franco «con la idea de servir a la auténtica España».

El régimen de Franco premió al abuelo del presidente del Gobierno con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar por su arrojo en el frente. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo lo ha mantenido oculto durante todos estos años al frente de la administración central.