El Gobierno niega 38 millones a los enfermos de ELA: es lo que gasta en ayudas al cine en catalán y vasco

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a Vox en el Congreso de los Diputados que la proposición de ley para aflojar la presión fiscal a unos 66.000 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no saldrá adelante. Y no lo hará porque, según asegura el Gobierno, tendría un coste inasumible para las arcas del Estado: 38 millones de euros. Es un millón menos de lo que los Presupuestos Generales del Estado consignan en ayudas a la producción de cine en lenguas cooficiales como el catalán, el vasco o el gallego.

«Y a Cataluña le perdonan 15.000 millones». Así ha respondido Vox al escrito del Gobierno, firmado por el diputado Rafael Simancas, en el que se deniega la posibilidad de tramitar esas ayudas a enfermos graves de ELA por el coste económico que supondrá a las arcas públicas.

«En este sentido, teniendo en cuenta que el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría un coste estimado de 38 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se reconoce ese mismo derecho», concluye el Gobierno para justificar su negativa a tramitar la proposición de ley.

Esos 38 millones, dice el Gobierno, son «susceptibles de producir» en las cuentas del Estado «una disminución de los ingresos presupuestarios». Sin embargo, basta con echar un vistazo al libro amarillo de los PGE de este 2023 para comprobar que esa cifra sí se destina sin problema alguno a cuestiones de otros ámbitos. Por ejemplo, al aumento de las partidas de ayuda al cine español o a financiar el cine ‘cooficial’, 38 y 39 millones de euros respectivamente.

Así lo explica el documento oficial de las cuentas del Estado en su página 214: «Dentro de este programa destaca la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía por importe de 108 millones de euros, con el que se financian ayudas en concurrencia competitiva realizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, y que en 2023 aumenta en 38 millones de euros, principalmente con la finalidad de incrementar la cuantía de las ayudas y el número de beneficiarios. Asimismo, se destacan las partidas que financian ayudas a través de CCAA para las salas cinematográficas y creación de audiencias, para escritura de guiones y desarrollo de proyectos, y para la promoción de la cinematografía en lenguas cooficiales, por un importe total de 39 millones de euros».

La cifra de los 38 millones aparece también reflejada más veces en los PGE. Por ejemplo, cuando se cita los «38 millones para el plan de transición ecológica de instalaciones deportivas con el objetivo de promover la modernización de las infraestructuras deportivas».

Además, en su escrito de disconformidad, el Ejecutivo señala que los cambios que propone Vox en relación con la consideración de discapacidad supondrían que «hubiera nuevos sujetos que tuvieran la condición de personas con discapacidad (aquellos con prestaciones por dependencia que no tuvieran, previamente, el reconocimiento de una discapacidad de, al menos, el 33%), por lo que pasarían a tener derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad del IRPF».

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene potestad para vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, ya sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.

El dinero para Cataluña

«Perdonan a Cataluña 15.000 millones de euros para seguir en el poder, pero vetan una ley para enfermos de ELA porque les cuesta dinero. Es un Gobierno inmoral», ha publicado la cuenta del grupo parlamentario de los de Abascal.

Para la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, el PSOE y sus socios «cambian todo tipo de leyes para hacer lo que les da la gana pero para tramitar una Ley en favor de los enfermos de ELA y grandes dependientes no mueven un solo dedo». «Cuánta miseria», ha apuntado.

La diputada Rocío De Meer ha asegurado no tener duda de que esos 38 millones que menciona el Gobierno en su escrito de veto se acabarán gastando «en algún estudio sobre la masculinidad tóxica o la gordofobia». «No hay dinero para quienes de verdad lo necesitan. Es el Gobierno contra la gente», ha indicado en referencia a la decisión sobre el ELA.