El Gobierno se negó en Europa a eliminar los aforamientos para «protegerse» de «ataques arbitrarios»

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó ante el Consejo de Europa la supresión de los aforamientos para «protegerse» de lo que denominó «ataques arbitrarios». Una alusión en la que enmarca las actuaciones judiciales, en su permanente ofensiva contra el Poder Judicial.

Así respondió el Ejecutivo socialista, en su informe de alegaciones, a las exigencias del Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción de este organismo, que, entre otras, le instaba a «modificar el aforamiento, de modo que no obstaculice la acción penal contra miembros del Gobierno de los que se sospeche haber cometido delitos relacionados con la corrupción».

En 2022, el Greco trasladó al Ejecutivo una batería de recomendaciones en su lucha contra la corrupción y por la integridad de los altos cargos. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido «de manera satisfactoria» ni una de las 19 recomendaciones, según el último informe de evaluación.

Entre ellas, se encuentra la relacionada con los aforamientos. La respuesta interna del Gobierno de Pedro Sánchez a la petición del Consejo de Europa fue que este privilegio permite «proteger a los altos cargos de ataques arbitrarios» y «evitar que los tribunales inferiores se vean sometidos a potenciales presiones cuando se trata de figuras políticas de alto nivel». El Gobierno afirmó además entonces que había encargado un estudio a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano de asesoramiento del Ministerio de Justicia, y al Consejo de Estado «para desarrollar una propuesta de reforma limitada de la Constitución para su posterior debate en el Parlamento».

El Ejecutivo, además, descargó la responsabilidad en el Congreso, subrayando «las dificultades inherentes a la adopción de una reforma constitucional y la necesidad de un acuerdo parlamentario muy amplio» y prometió ante el Consejo de Europa que estaba «buscando» ese consenso.

En su último informe, conocido el pasado abril, el Greco también reporta que esta recomendación sigue sin llevarse a cabo. «Las autoridades españolas reiteran que es una cuestión delicada, ya que requeriría de una reforma constitucional que necesita un amplio consenso entre diferentes instituciones, lo cual ha resultado difícil de lograr», se recoge en el dosier. En consecuencia, concluye el Consejo de Europa, «la recomendación sigue sin implementarse».

Aforamiento de Gallardo

El debate sobre el aforamiento ha vuelto a la actualidad tras la maniobra exprés del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para tratar de blindarse del procedimiento judicial por la contratación de David Sánchez. Gallardo obligó a dimitir y renunciar a cinco diputados para poder lograr un escaño en la Asamblea de Extremadura y dilatar así el proceso en su contra.

En plena polémica por esta treta, el presidente de la Diputación de Badajoz, imputado por tráfico de influencias y prevaricación, ha anunciado este lunes que ha llamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para proponerle «reflexionar» sobre la eliminación de los aforamientos de la Asamblea de Extremadura y modificarlo en el Estatuto de Autonomía, ya que «sólo el PSOE y el PP pueden hacerlo» al ser necesarios «dos tercios de la Cámara para poderlo hacer efectivo».

«Creo que la mejor forma es que reflexionemos si efectivamente es un problema el aforamiento de los 65 diputados más el Consejo de Gobierno, porque pareciera que el único aforado en la Asamblea de Extremadura es el señor Gallardo», ha planteado el dirigente socialista.

Igualmente, ha negado que vaya a renunciar a su aforamiento porque, ha dicho, es algo que «va intrínseco o íntimamente ligado al puesto de diputado».

El PSOE defiende a Gallardo

Pese a las críticas, la dirección nacional del PSOE ha expresado su respaldo a que el secretario general de los socialistas en Extremadura pase a ser diputado en la Asamblea autonómica y, por tanto, adquiera la condición de aforado.

La portavoz, Esther Peña, expresó este lunes el «total apoyo» al paso dado por Gallardo, al que considera «otra pieza más de la cacería desatada por la ultraderecha política y mediática contra los políticos del PSOE y contra sus familias».

«Sucia artimaña»

Por su parte, desde el PP critican que la maniobra de Gallardo es una «sucia artimaña» que a su juicio está impulsada desde Moncloa para proteger al presidente del Gobierno y a su hermano de la investigación judicial.

«Están instrumentalizando políticamente la figura del aforamiento para desvirtuarlo a los más puros intereses personales de Pedro Sánchez hasta convertirlo en fraude de ley», ha señalado el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha incidido en que la estrategia está diseñada por Sánchez que «busca desesperadamente una vía de escape del calvario judicial que se le avecina a su hermano»