El Gobierno gastará 1.350 millones para combatir el «cambio climático en países en desarrollo»

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha puesto en marcha la autodenominada Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, a través de la que prevé canalizar una aportación anual de 1.350 millones «a la financiación climática a países en desarrollo».

Pedro Sánchez avanzó un aumento de estos recursos en 2021, durante su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La aportación española forma parte del fondo con el que los países industrializados contribuyen a la «lucha contra el cambio climático» en los países en vías de desarrollo. El compromiso de la comunidad internacional es destinar cada año 100.000 millones de dólares.

En 2023, el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, y ahora constituye esta unidad, que será «el órgano encargado de impulsarla y coordinarla de forma interministerial».

Esta «unidad» estará integrada por doce miembros. Está presidida por el director general de la Oficina Española del Cambio Climático. La vicepresidencia primera recaerá en un representante de la Presidencia del Gobierno, con rango de director general o superior. Además, habrá una vicepresidencia segunda y nueve vocalías, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, el Instituto de Crédito Oficial, la Secretaría General de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno y la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de La Moncloa. Las reuniones se podrán celebrar tanto de forma presencial como a distancia.

«La sociedad reclama acción y los líderes debemos responder. Urge aumentar el nivel de ambición climática para mantener a nuestro alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a sólo 1,5ºC», proclamó Sánchez al adoptar el compromiso de España con la «financiación climática».

El Gobierno advierte que «la crisis climática ha dado paso a una mayor concienciación política y social de la necesidad de luchar contra sus consecuencias a través de procesos de transición ecológica».

En este contexto, destaca que «esta concienciación deriva de la constatación de que el cambio climático puede acabar conduciendo a situaciones de migraciones masivas, inestabilidad regional e incluso producirse nuevos conflictos armados derivados de la competencia creciente por recursos escasos».

«Por otro lado, la degradación de la biodiversidad produce la pérdida de sus servicios ecosistémicos, esenciales para el bienestar e incluso la supervivencia del ser humano, y propicia la expansión de especies exóticas invasoras, responsables de impactos relevantes en la economía y potenciales vectores de nuevas enfermedades. En esencia, el cambio climático es una amenaza para la seguridad global».

En diciembre, Sánchez presentó el autodenominado Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una propuesta que ya avanzó durante la ola de incendios del pasado verano y que fue calificada por parte del PP de «cortina de humo» para no hablar de la falta de medios y la inacción del Ejecutivo.