El Gobierno dice que no es de su competencia saber el número de plagios académicos como el de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado al Congreso de los Diputados que no es de su competencia saber los plagios académicos que se cometen en España, esgrimiendo que ello queda al arbitrio de las propias universidades, como ocurrió con la tesis doctoral del propio jefe del Ejecutivo y la Camilo José Cela (UCJC) de Madrid.

Moncloa ha esgrimido que «son las Universidades las que, en ejercicio de su autonomía universitaria constitucionalmente reconocida, tramitan y gestionan los expedientes y, por lo tanto, las que disponen de esa información». Así ha contestado el Gobierno a sendas preguntas parlamentarias de Vox en la Cámara baja sobre los fraudes académicos y los plagios denunciados al año por las instituciones educativas. Ni el Ministerio de Educación, donde se aloja la Base de datos de Tesis Doctorales (Teseo), ni el Ministerio de Universidades.

La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC), donde Pedro Sánchez defendió en noviembre de 2012 su tesis doctoral Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012), siempre rechazó hacer públicos los nombres de las personas que autorizaron tanto la lectura de la tesis fake del jefe del Gobierno como la composición del tribunal amigo que le concedió la máxima calificación de «apto cum laude».

La Institución Educativa SEK, propietaria de la universidad, se negó a indicar qué expertos formaron parte de los filtros académicos por los que pasó la tesis antes y después de su depósito. OKDIARIO se interesó por conocer el detalle de esos supuestos filtros académicos, al margen de la directora de la tesis, Isabel Cepeda, y los componentes del tribunal, pero la Camilo José Cela declinó arrojar luz al respecto.

«La UCJC dio respuesta a este asunto, basándose en toda la documentación existente en la Universidad, confirmando que el proceso de evaluación, interno y externo, de la tesis del doctor Sánchez Pérez-Castejón del año 2012 se produjo de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos de verificación y control habituales en el ámbito universitario», señaló la institución a este periódico tras el estallar el escándalo en la opinión pública en 2018.

Enmienda rechazada

Precisamente, Vox presentó este mes una enmienda al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria -también conocida como Ley Castells- para que el plagio del presidente del Gobierno en su tesis doctoral pudiera ser perseguido conforme a la nueva normativa. Sin embargo, esta enmienda de la formación de Santiago Abascal fue rechazada por el PSOE y sus socios de la mayoría Frankenstein.

En concreto, el texto de Vox incluía un apartado 3 en el artículo 3 donde se establecía lo siguiente: «Excepcionalmente, la presente ley será también de aplicación a quienes, no formando ya parte de la comunidad universitaria, hayan cometido una infracción de las calificadas como muy graves».

En la justificación de esta adición al proyecto de ley, Vox explicaba que tal iniciativa pretendía «cubrir el supuesto de infracciones calificadas por la ley como muy graves, cuyo plazo de prescripción se amplía hasta los 10 años en la enmienda al artículo 20 infra».

De esta manera, defendía la tercera fuerza del país, se daría cobertura a la petición de «distintos sectores de la comunidad universitaria respecto, principalmente, de plagios de tesis, trabajados de fin de máster y trabajos de fin de grado, cuando el descubrimiento del fraude se produce con posterioridad al paso del estudiante por la universidad y al plazo de prescripción de la falta».

Ocaña y Sebastián

Tal y como reveló OKDIARIO, Pedro Sánchez recurrió al jefe de gabinete del entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, Carlos Ocaña, para la elaboración de buena parte de la tesis doctoral, luego plasmada en un libro co-firmado por ambos. En su trabajo de postgrado, el hoy líder socialista fusiló párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y apenas realizó pequeños retoques (como sustituir o cambiar el orden de palabras) para disimular su autoría.