El Gobierno declara «documento reservado» el acta de la soldadura de Adamuz el día que desclasifica el 23F

Adif ha declarado «documentación de carácter reservado» el acta que demostraría que la soldadura de Adamuz que provocó la tragedia con 46 muertos superó la revisión clave, la auscultación por ultrasonidos.

Se trata de una prueba que permite detectar microrroturas y que el Ministerio de Transportes todavía no ha revelado. Además de esta prueba, sobre las soldaduras se realizan otros dos análisis, una inspección visual y otra geométrica, cuyas actas sí se han hecho públicas.

El pasado 23 de enero, el ministro Óscar Puente, en su comparecencia ante los medios, mostró un documento en el que se detallaban las pruebas realizadas en el tramo siniestrado, Guadalmez-Córdoba. En concreto, en el punto kilométrico 318+681, donde aconteció el dramático siniestro entre el Iryo y el Alvia.

Según esta documentación, la «última inspección» por ultrasonidos a la soldadura se realizó «durante su construcción», el 25 de junio de 2025. La prueba se dio por «aceptada», pero el acta nunca se ha mostrado públicamente.

El documento contiene información reveladora sobre el estado de la soldadura, pues los expertos coinciden en que la auscultación por ultrasonidos es clave para evitar siniestros, detectando fisuras y otras alteraciones que puedan suponer un riesgo.

En la documentación trasladada a la opinión pública, Adif distingue dos revisiones con ultrasonidos: una, a la vía -prueba que se habría realizado el 10 de septiembre de 2025 y de la que no ha aportado más detalles- y otra, expresamente, a la soldadura, la clave del siniestro.

Así pues, según la información facilitada por Adif, la inspección se habría efectuado más de seis meses antes del fatal siniestro. El ente estatal contrató a la compañía Ayesa para la supervisión e inspección de la obra -lo que incluía la revisión de las soldaduras- por 3,1 millones de euros, que posteriormente fueron ampliados a 3,7. Por su parte, la firma encargada de realizar la soldadura fue la empresa Maquisaba.

Según el Gobierno, en la vía se habían realizado varios controles antes del accidente y «todos ellos con resultado positivo»: dos auscultaciones geométricas para comprobar el estado de los parámetros de vía -el 9 de septiembre y el 13 octubre-; cinco auscultaciones dinámicas, que miden la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha –el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre–; una inspección y vigilancia a pie de vía, el 5 de octubre; una inspección de desvíos –el 7 de enero–; una auscultación de la vía con ultrasonidos, el 10 de noviembre; y otra de la soldadura, el 25 de junio.

«Documentación reservada»

OKDIARIO se dirigió a Adif para solicitar, en concreto, «el acta de la inspección por ultrasonidos a la soldadura del tramo Guadalmez-Córdoba que se investiga como causa posible del siniestro del pasado 18 de enero».

En su respuesta, el administrador estatal aporta únicamente el dossier ya conocido, en el que no figura el acta solicitada. Alega que «quedan excluidos el resto de los documentos técnicos vinculados a la investigación del accidente».

«Cuando la solicitud se interpreta en el sentido de que la interesada requiere documentos o informes técnicos elaborados por ADIF y utilizados en la investigación del accidente, resulta plenamente aplicable el artículo 14.2.a) de la Ley 4/2024 de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, dado que toda esa documentación contiene información técnica y datos específicos sobre la infraestructura del tramo afectado», argumenta Adif.

Según el ente estatal, la documentación ha sido «remitida a la autoridad investigadora y pasa a integrar el acervo informativo sobre el que ésta desarrolla sus actuaciones». «En consecuencia, deben calificarse como documentación de carácter reservado».

Desclasificación del 23F

Sucede que precisamente este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23F, un total de 153 archivos que hasta ahora eran secretos y que podrán consultarse a partir de este miércoles.

A mayores, el Gobierno justifica la ocultación del acta de la soldadura en la propia Ley de Transparencia, que «permite restringir el acceso cuando éste pueda perjudicar la prevención, investigación o sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, límite dirigido a salvaguardar la eficacia de las diligencias instructoras y evitar que la divulgación comprometa la obtención de pruebas o la correcta depuración de responsabilidades».

También hace referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, en vigor en España desde el 1 de enero de 2024, que contempla como límite «la protección de la investigación y el procesamiento de actividades delictivas que pueda dificultar las pesquisas».

Concluye así, pues, Adif que entregar el acta que demostraría el buen estado de la soldadura «interfiere en las funciones de inspección, instrucción y valoración de las evidencias destinadas a determinar la eventual existencia de infracciones». Y con ello da carpetazo a su acceso.