El Gobierno crea una comisión «independiente» contra la corrupción: controlará 10 de los 13 puestos

El Gobierno ha aprobado la Autoridad Independiente de Protección del Informante para favorecer que se denuncien casos de corrupción. Un organismo «independiente» que no lo es tanto: el Ejecutivo de Pedro Sánchez controla 10 de los 13 organismos que tienen representación en la comisión que regula este nuevo órgano  contra la corrupción. Entre sus funciones, este organismo ejercerá como canal para recibir denuncias anónimas sobre posibles casos de corrupción. Cualquier persona podrá comunicar su información, a través de correo postal, medios electrónicos, teléfono o de forma presencial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que este organismo será independiente y, por tanto, no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de ninguna otra administración, aunque quedará inscrito a nivel organizativo y presupuestario en el Ministerio que él dirige. Sin embargo, tal y como reza el real decreto que lo regula, la Comisión Consultiva de Protección del Informante es un órgano colegiado de asesoramiento de la persona titular de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que está conformado por miembros, con rango al menos de director general, de varias instituciones que, en estos momentos se encuentran bajo en control del Gobierno de Sánchez, lo que deja en entredicho la «independencia» de esta institución creada para perseguir la corrupción.

Empezando por cargos ministeriales, el comité contará con tres miembros, dos del organismo encabezado por Bolaños y uno del Ministerio de Hacienda, ambos bajo el control del PSOE. Además de estos, hay otro asiento reservado a la Intervención General de la Administración del Estado un organismo dependiente de María Jesús Montero. También contará con presencia en este comité la Abogacía General del Estado, que ha estado recientemente en el foco por ser utilizada por Sánchez para querellarse contra el juez que investiga a su mujer.

Otro de los puestos de este comité corresponderá al Tribunal de Cuentas, presidida por Enriqueta Chicano Jávega, que ha ocupado diversos cargos vinculados con Gobiernos socialistas. Fue asesora del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, entre 1982 y 1986; ocupó diversos cargos en el seno del Ministerio de Presidencia y en la Dirección General de Relaciones con las Cortes, y fue candidata de los socialistas al Senado por Madrid en el año 2000. Además, ha sido presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), donde Pedro Sánchez colocó como presidente a José Luis Rodríguez Álvarez, un ex alto cargo del Ejecutivo en la etapa de Rodríguez Zapatero, también cuenta con un representante dentro de este organismo.

Más recientemente, la imposición del ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España por parte de Pedro Sánchez rompía las negociaciones entre PSOE y PP para renovar los principales cargos institucionales del país tras la decisión adoptada por el Ejecutivo. Un panorama da vía libre a La Moncloa para tomar también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin pactar con el principal partido de la oposición. Estas tres instituciones también cuentan con sillones, por lo que el Gobierno controlaría 10 de los 13 puestos que constituyen la Comisión Consultiva de Protección del Informante.

Y no sólo eso. La propuesta para presidir este nuevo organismo gubernamental partirá del  ministerio de Bolaños. Esta sugerencia deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros y luego aprobada en la Comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados, pero lo cierto es que, en la práctica, es el Gobierno quien plantea el nombre y quien tiene la iniciativa del nombramiento.

Funcionamiento de la autoridad

El Gobierno ha detallado cómo sería el funcionamiento de la autoridad, al señalar que, por ejemplo, un ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un delito o de un caso de corrupción tiene a partir de ahora un «canal adicional» para poner esa denuncia y para hacer a la administración «partícipe» de la misma. A partir de ahí se activan una serie de mecanismos para facilitar al denunciante que pueda hacerlo con garantías. La autoridad comprobará la denuncia, hará las investigaciones y las pesquisas que considere oportunas y si considera que esa denuncia es verosímil, la trasladará al Ministerio Fiscal.

En todo momento se mantendrá «el anonimato» del denunciante para garantizar su protección y además la autoridad adoptará las medidas de protección del denunciante que considere oportunas «frente a cualquier represalia que pueda tener». En este catálogo de medidas de protección se incluye la «nulidad de cualquier acto que suponga una represalia contra ese denunciante y también la capacidad que tendrá la autoridad independiente de sancionar conductas represoras contra el denunciante», añade.

Esta oficina tramitará informaciones que tengan que ver con la Administración General del Estado, pero también con el resto de organismos e instituciones que componen el sector público, además de los organismos constitucionales que conforman la arquitectura institucional del país. También podrá conocer denuncias que afecten al sector privado cuando estas se refieran a actividades en más de una comunidad autónoma.