El Gobierno admite en un mail que no descarta un golpe a las pensiones de 900.000 funcionarios

El Gobierno acaba de admitir en un mail al que ha tenido acceso OKDIARIO que no descarta un hachazo a las pensiones de 900.000 funcionarios. Se trata de las prestaciones por jubilación de los empleados públicos incluidos en lo que se denomina como clases pasivas.

El principal sindicato de la función pública -CSIF- preguntó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si puede garantizar que no se van a endurecer y recortar las pensiones de todo este colectivo. La respuesta del departamento de José Luis Escrivá ha respondido que esas preguntas “deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas la competencias los distintos departamentos ministeriales”. Traducido: no lo descarta y no está por la labor de dar información de lo que sabe que puede poner en pie de guerra a un buen número de empleados públicos.

El mail viene firmado por el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Servicio de Comunicación con los Ciudadanos e Instituciones.

CSIF remitió el pasado 4 de mayo una carta al ministro Escrivá describiendo la preocupación de los empleados públicos por los cambios legislativos que, en plena pandemia, había lanzado el Gobierno. Esos cambios, tal y como adelantó OKDIARIO, suponían el paso de las mutuas de los funcionarios al control de la Seguridad Social -encabezadas por Muface- y el fin de la independencia del régimen de prestaciones por jubilación y otros servicios sociales de los que disfrutan en estos momentos los funcionarios inmersos en lo que se considera clases pasivas. Todo ello pasaba igualmente a la Seguridad Social, fruto de las reformas de Pedro Sánchez.

El colectivo afectado suma nada menos que 900.000 empleados públicos que, gracias a este sistema de clases pasivas, mantiene los derechos adquiridos de un esquema que les confiere un mejor trato en la jubilación y en sus prestaciones.

CSIF alertaba en su carta al ministro de que esa reforma, impulsada por Real Decreto Ley, “en su disposición adicional quinta, sexta, séptima y octava, así como en la disposición transitoria segunda y disposición final primera, acuerda medidas de modificación de 27 preceptos referidos a la legislación de las clases pasivas del Estado sin que el Gobierno haya realizado una presentación explícita y razonada de las razones de la aprobación por este método legislativo urgente y extraordinario”.

Por ello, CSIF preguntaba al ministro “si este Gobierno y su Ministerio va a proceder a corto o largo plazo a modificar la normativa actual sobre el régimen de clases pasivas respecto de las prestaciones y pensiones, así como si van a modificar los requisitos y condiciones para acceder a la pensión (anticipada y ordinaria) del conjunto de empleados públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas”. Exactamente igual, el sindicato preguntaba al Ministerio de Escrivá si “van a proceder a corto o largo plazo a suprimir el Mutualismo Administrativo”.

Evasivas del Ministerio

La respuesta del departamento ministerial no puede ser más preocupante. Y es que utiliza la inmensa mayoría del texto del email en describir la obviedad del tránsito del control de la gestión de esas prestaciones y mutuas desde sus actuales organismos hasta el Instituto de la Seguridad Social: “Hasta que culminen los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto, será competente la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social”, señala. Y añade que “en definitiva, se trata de un mero cambio en el Ministerio competente en cumplimiento del Real Decreto por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, sin ninguna repercusión en la normativa reguladora del Régimen de Clases Pasivas que continúa exactamente en los mismos términos, sin repercusión alguna”.

Pero cuando tiene que entrar a responder a la pregunta de los recortes en las prestaciones y endurecimiento del acceso a este sistema, el Ministerio contesta con un evasivo “en relación con el resto de cuestiones que plantea su escrito, deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas la competencias los distintos departamentos ministeriales”.

El principal sindicato de funcionarios –CSIF– ha puesto el grito en el cielo ante la profunda reforma legal escondida por el Gobierno de Pedro Sánchez en pleno estado de alarma, tal y como ha publicado OKDIARIO.

CSIF alerta de que la reforma, camuflada entre las medidas de combate al coronavirus y gestionada sin la más mínima negociación con ellos, afecta a la gestión de las pensiones de 900.000 empleados públicos. El susto venía camuflado en el BOE del 22 de abril y se ceba con 900.000 empleados públicos comprendidos en lo que se denominan clases pasivas.

Clases pasivas

El Gobierno ha decidido traspasar la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales. Desde el principal sindicato de la función pública –CSIF– alertan de que el movimiento es un paso previo que anticipa un intento posterior de recortar sus condiciones en materia de jubilación.

«Hay miles de funcionarios preocupados por el futuro de sus pensiones tras el traspaso sorpresivo del reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social», destacan desde CSIF.

Los representantes sindicales CSIF señalan que el Gobierno ha aprovechado «un decreto económico frente al Covid-19 para modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios». Por todo ello, Miguel Borra, desde CSIF exigió desde el primer momento reuniones urgentes para aclarar la medida.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido una negociación con los Ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento.

El sindicato señala que, tras la aprobación del Real Decreto hay centenares de llamadas de «personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones. Y es que hay 657.118 pensionistas a marzo de 2020”. Y ese colectivo irá en aumento.

«El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar ‘de extranjis’ la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo», explica CSIF.

«Si prospera esta reforma, la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Estado debe transferir a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas”, aclaran desde el sindicato.

Es más, «la competencia para el reconocimiento de nuestras pensiones corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de clases pasivas. El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General. La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones impulsadas, por lo tanto, parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del Estado, de una manera completamente sorpresiva», concluye el sindicato.

Desde CSIF saben ya que el régimen diferenciado de las clases pasivas pretende ser igualado al resto: y eso implica que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: han perdido su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.