'Caso Neurona'

El gestor de Neurona tacha de «error» que el contrato con Podemos sea anterior a la propia sociedad

Podemos neurona
Montaje gráfico con el caso Neurona.

Germán Cobos Pío, uno de los trabajadores de la consultora chavista a la que presuntamente Podemos desvió 363.000 euros de fondos públicos durante la campaña electoral de abril de 2019, ha tachado de «error» el baile de fechas entre el contrato con la formación morada y la constitución en España de Neurona, creada un mes más tarde.

Lo ha hecho durante su declaración ante el juez Juan José Escalonilla, a cuyas preguntas ha respondido en calidad de testigo y a través de videoconferencia desde la sede de la Fiscalía de Michoacán, en México. Así, Cobos ha asumido como propio el «error» en el contrato con Podemos, con fecha de 27 de febrero de 2019, un mes antes de que Neurona Comunidad se constituyese en el pueblo sevillano de Carmona el 19 de marzo de ese mismo año.

En concreto, el testigo ha asegurado que se equivocó en la fecha del borrador porque no lo revisó correctamente. «Fue un error mío», ha señalado, para después añadir que, «en lugar de poner marzo, que era el mes en el que estábamos, puse febrero».

Este vaivén de fechas es, precisamente, una de las cuestiones que suscitan las dudas de los investigadores, que sospechan que la filial de Neurona en España se creó ad hoc para suscribir el contrato de cara a los comicios de 2019.

Germán Cobos, que fue la persona que se encargó de poner en marcha la filial española de la consultoría mexicana, también ha negado durante su declaración cualquier vínculo con la toma de decisiones de Neurona. Sobre este punto, el testigo ha señalado que constituyó la sociedad «a petición» de sus socios y que, para ello, nombraron administrador único a Elías Castejón Hernández, que cesó del cargo en enero de 2020. 

Periciales

La declaración de Germán Cobos se enmarca en la recta final de esta causa que investiga desde hace más de un año y medio a Podemos por el presunto desvío de 363.000 euros de fondos públicos durante la campaña electoral de abril de 2019.

Y es el que juez Juan José Escalonilla acordó el pasado 27 de enero prorrogar las pesquisas con el fin de practicar esta pericial, así como para tomar declaración a Waldemar Aguado, el empleado de la consultora encargado de coordinar los trabajos electorales para la formación morada. No obstante, y aunque también estaba prevista para este lunes, su testimonio ha quedado aplazado porque no han podido ser localizados algunos de los documentos sobre los que versaban las preguntas de algunos abogados.

Pendiente de incorporar a la causa, además, consta un informe pericial sobre el coste y precio de los trabajos que realizó la consultora, cuyo fin pasa por «comprobar o descartar la posibilidad de que el partido político Podemos haya podido incurrir en un posible delito electoral».

A este respecto, cabe recordar que, como publicó OKDIARIO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó durante sus pesquisas que Podemos pagó a la consultora chavista 363.000 euros de los fondos electorales por 57 archivos. Es decir, a 6.000 euros por cada pieza.

Finalmente, y por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, el informe pericial analizará dos centenares de archivos, entre los que se encuentran 48 vídeos realizados previo trabajo estratégico de segmentación, 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda y cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú Astudillo, así como la cobertura de siete actos electorales.

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