Proyecto anulado por un tribunal

El gobierno podemita de La Coruña premia en concurso público a empresas con más homosexuales

Las empresas debían tener al menos un 25% de trabajadores LGTBI

Los empleados debían presentar declaraciones juradas de su orientación sexual

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El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro (FOTO: YOUTUBE)

El gobierno de La Coruña (Galicia), liderado por la coalición podemita de Marea Atlántica, licitó un contrato con una cláusula especial: otorgaba cinco puntos extra a aquellas empresas que se comprometiesen a contratar, al menos, un 25% de sus empleados entre personas LGBTI. La licitación ha sido anulada por un tribunal.

Se trataba de la concesión de la gestión del llamado ‘Espacio de Diversidad Sexual e Identidades de Género’, un centro en el que se imparten talleres, se atiende al ciudadano y se realizan distintas actividades de este ámbito. El gobierno local licitó estos servicios premiando con cinco puntos extra a aquellas que acreditasen cumplir este requisito.

Al tratarse de una característica difícil de demostrar por la persona, las empresas tuvieron que presentar declaraciones juradas de los trabajadores asegurando que pertenecían al colectivo. Además, el gobierno aseguró que su plan era comprobar que se cumplía con el requisito “a lo largo de la ejecución del contrato”.

Tumbado por los tribunales

La iniciativa ha sido tumbada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia que anuló el concurso. El tribunal esgrime la Ley de Contratos públicos que especifica que los mismos “deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada”.

Asimismo el tribunal critica la intención del gobierno podemita de requerir declaraciones juradas puesto que la orientación sexual únicamente es de ámbito privado.

La cláusula con la que el gobierno municipal de La Coruña pretendía favorecer al colectivo LGTBI ha terminado volviéndose en su contra, ya que tras la anulación judicial, el centro se ha visto obligado a continuar cerrado por no cumplir los requisitos de un concurso público ordinario.

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