La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reta a García Ortiz: apoya que la amnistía se recurra en la UE

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas defenderán las labores jurisdiccionales del órgano en su escrito sobre si es posible plantear una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos a la hora de aplicar la Ley de Amnistía en el juicio visto para sentencia por el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del procés. La defensa de Carles Puigdemont señala que el órgano fiscalizador «no tiene competencia» para plantear dudas a Europa. Álvaro García Ortiz no dejó pronunciarse a los fiscales en la Junta sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por la amnistía. Ahora, tendrá que ser informado sobre el escrito que presenten los fiscales del Tribunal de Cuentas al ser un asunto de trascendencia y podrá hacer modificaciones.

El Tribunal de Cuentas ha dado el primer paso para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la amnistía que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Elena Hernáez, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento encargada de dictar sentencia, solicitó a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana (SCC) y a las defensas de los 35 encausados un escrito sobre si consideran pertinente presentar una cuestión prejudicial por la amnistía.

La consejera explica que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía «que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea». En concreto, precisa que los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE», al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación», a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de Derecho».

Las partes tienen 10 días hábiles para presentar los escritos. Si bien el plazo aún no ha vencido, fuentes consultadas señalan que la Fiscalía está a favor de defender que el Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional. Las mismas fuentes señalan que serán los tribunales europeos los que decidan si el Tribunal de Cuentas tiene legitimidad para hacerlo, puesto que no es un órgano formado esencialmente por jueces, aunque sí cuenta con una naturaleza jurisdiccional reconocida en el artículo 136 de la Constitución Española.

Las partes

Carles Puigdemont ha enviado un escrito al Tribunal de Cuentas indicando que ese tribunal «no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el TTJUE» sobre la ley de amnistía porque no cumple con el requisito de independencia que exige la norma europea para considerar que un órgano es jurisdiccional. El abogado de Puigdemont explica en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que «es inviable plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que esa posibilidad está reservada a jueces y tribunales, y (…) este órgano constitucional de tribunal sólo tiene el nombre». 

Por su parte, la acusación popular ejercida por Sociedad Civil Catalana también apoya que se presente la cuestión prejudicial ante el TJUE. Este escrito ya ha sido presentado, según fuentes consultadas. La asociación reclamaba en sus conclusiones cinco millones de euros a 11 ex cargos del Govern, mientras que la Fiscalía solicitó a Puigdemont y a los otros 34 encausados 3,1 millones de euros. 

El juicio

El plazo para dictar sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva definitivamente el planteamiento de la cuestión prejudicial a los tribunales europeos. Entre los encausados están Carles Puigdemont y el también ex presidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat más de 5 millones de euros por la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014.

La lista de procesados la completan los ex consejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka en Alemania y Eric Hauck en los países del sudeste de Europa. Todos ellos ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.