La Fiscalía rechaza investigar a Podemos por la ‘caja B’ y las obras de la nueva sede

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que se investigue a Podemos por la ‘caja B’ que denunció el abogado purgado José Manuel Calvente, así como por una serie de actos preparatorios que, según el letrado, servirían como indicios de la comisión de hechos delictivos. Por ejemplo, citaba el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo o la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y los presupuestos de las campañas electorales de 2019.

A esto sumaba el aumento de los salarios del tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados, y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto.

Pero la Fiscalía entiende que a pesar de que estos hechos pueden ser «discutibles» desde el punto de vista ético o de la transparencia «es claro que no revisten caracteres de delito».

De igual modo, sobre los complementos salariales y la justificación de gastos de miembros del partido, recuerda que fue el Podemos quien se impuso límite salarial que no excediera los tres salarios mínimos interprofesionales, cifra que se fijó en 2.850 euros para los empleados.

E incide en que de las nóminas aportadas por Calvente, ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», precisa la Fiscalía.

Al respecto, ahonda que si bien el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que se habían fijado como límite ético podría ser «discutible» desde su normativa interna, esto «no constituye hecho típico alguno».

En relación a la adjudicación de fondos a #404, Calvente sospecha de que tras ella está el coportavoz morado y diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos. Pero la Fiscalía, tras examinar la web, subraya que «se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales».

Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas «por más que se acompañen (los indicios) de relaciones y rumores obtenidos a través de internet».

En relación al acceso no consentido al disco duro de Flor, el representante del Ministerio Publico pone de manifiesto que «teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada no se puede acordar ninguna diligencia».

El precio de la nueva sede

Y sobre la adjudicación a dedo denunciada por Calvente de las obras de acondicionamiento del inmueble de la calle Villaespesa, en Madrid, la Fiscalía se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos, y explica que, pudiendo hacerlo, Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque según el denunciante concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa.

De la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación «con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos» pero que dicha circunstancia no reviste carácter delictivo.

No obstante, indica que otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación, 1,3 millones de euros, y el de licitación que era de 649.936 euros. Dado que la Fiscalía no cuenta con ningún elemento más para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza del precio final, se remite a la declaración del denunciante en sede judicial cuando señaló que «el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían».

Así, la Fiscalía aprecia que «ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1,3 millones euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo». En cuanto a la denuncia de contratos que podrían ser fraudulentos con ABD que contaría como comisionistas con el responsable de comunicación del partido Juan Manuel del Olmo y Mayoral, tampoco ve indicios.